Denuncian uso indebido de recursos públicos por parte de la hija de la alcaldesa en Álamo

En medio de la controversia generada por la demanda de Juicio Político contra la alcaldesa morenista Blanca Lilia Arrieta Pardo, integrantes de la comuna denunciaron que su hija, Asenet Castro Arrieta, presidenta del DIF Municipal, ha asumido funciones oficiales de manera indebida.

Este jueves Castro Arrieta inauguró una obra en un plantel escolar, a donde acudió con vehículos y personal del ayuntamiento que tiene a su disposición.

Los regidores señalaron que se están utilizando los recursos públicos de manera discrecional, principalmente para promover la imagen de quien ocupa un cargo honorífico como presidenta del Sistema Municipal del DIF.



Añadieron que lo anterior fue denunciado ante el Congreso del Estado, como parte de la demanda de Juicio Político contra la presidenta municipal, oficio que ya ratificaron, abundaron los diez ediles del cuerpo de regidores.

Precisaron que, sin justificación alguna, Asenet Castro ha estado reemplazando a la presidenta municipal en actos oficiales, inauguraciones de obras, entregas de apoyos del ayuntamiento, para lo cual se desplaza con varios auxiliares en unidades del Ayuntamiento. Además, señalaron que la hija de la alcaldesa cuenta con personal municipal a su disposición directa.

Según la denuncia, Castro Arrieta dispone de áreas completas del ayuntamiento, como la Dirección de Desarrollo Social, Humano y Regional, así como Comunicación Social, además de contar con choferes, combustible y otros recursos humanos a su voluntad.



Este comportamiento quedó evidenciado una vez ayer jueves en la Escuela Secundaria Técnica Industrial Número 67 (ETI 67), de esta ciudad, donde, en representación del Gobierno Municipal, Asenet Castro inauguró un domo para el plantel, obra financiada con recursos públicos.

Durante el acto, Castro resaltó la importancia de este tipo de obras, “que permiten a las y los estudiantes desenvolverse en espacios seguros y funcionales”, expresó, acompañada de autoridades educativas.

Estas acciones han generado preocupación entre los integrantes de la comunidad, quienes consideran que el uso de recursos públicos y la participación en actos oficiales deben estar estrictamente regulados y respetar los procedimientos establecidos.