Denuncias de empresas "fantasma" corresponden a ejercicios de 2012, 2013 y 2014

La denuncia penal interpuesta por el Órgano de Fiscalización (ORFIS) en contra de empresas fantasmas y funcionarios de tres secretarías de despacho por más de 940 millones de pesos, corresponden a los ejercicios fiscales de 2012, 2013 y 2014.

Al manifestar lo anterior, el auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, dijo que en las auditorías que se practicaron en su momento, esas empresas legalmente estaban constituidas y en los resultados se emitieron algunas observaciones.

Sin embargo, al conocerse una investigación periodística sobre empresas fantasmas que fueron beneficiadas con recursos públicos, surgieron elementos que permitieron analizar, cotejar y compulsar y se procede en consecuencia.



“Nosotros, al hacer los procedimientos se determinaron ciertas inconsistencias que derivaron a que cuando el Congreso del Estado aprueba y dictamina esas cuentas públicas, las observaciones que son de carácter administrativo se turnan a los órganos internos de control para su atención. De ahí derivan ciertos hechos que nos permitieron analizar y presentar la denuncia”.

Por lo que expuso que si se determina la existencia de daño patrimonial habrá elementos para actuar en consecuencia.

En entrevista al concluir la guardia de honor y depósito de una ofrenda floral en el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla, expuso que al conocerse una investigación periodística sobre empresas fantasmas que fueron beneficiadas con recursos públicos, surgieron elementos que permitieron analizar, cotejar y compulsar y se procedió en consecuencia.



La denuncia se presentó ante la posibilidad de que la autoridad investigadora determine la inexistencia de la entrega de los bienes o servicios, y de darse la posibilidad de que exista daño a las finanzas públicas del estado, el ORFIS tenga elementos para proceder conforme a derecho.

Hay que recordar que este miércoles se dio a conocer que el ORFIS presentó una denuncia penal por un daño patrimonial de 940 millones 234 mil 326.70 pesos en contra de funcionarios de las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Protección Civil (PC) y Educación de Veracruz (SEV), en contra de empresas no localizadas que son investigadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La misma denuncia también es en contra del ayuntamiento de Minatitlán por el puente “Capoacan” por un presunto daño patrimonial de 44 millones 578 mil 158.94 pesos; denuncia que corresponde a seguimiento de observaciones determinadas en ejercicios anteriores al 2015 y 2016.



“Hay elementos que surgen en una investigación periodística que nos hacen analizar lo que teníamos y proceder en consecuencia, es un proceso legal y técnico que se hizo en el momento, que se detectaron inconsistencias y ante las actuaciones que realiza la autoridad competente de estos hechos, nosotros fundamentamos nuestra denuncia y existe la posibilidad de que las dependencias que están investigando estos hechos determinen que haya la existencia de daño patrimonial o de finanzas públicas, tendremos elementos para proceder en consecuencia”.