Denuncias por “cártel inmobiliario” se revisarán caso por caso: Gobernadora

La gobernadora Rocío Nahle García advirtió que el Gobierno de Veracruz retirará las concesiones a los notarios que hayan participado en actos irregulares relacionados con los casos de despojo denunciados por decenas de ciudadanos y confirmó que ya se realizan auditorías en varias notarías del Estado.

La mandataria estatal lanzó una advertencia a los fedatarios públicos que pudieran haber incurrido en irregularidades. “A los notarios se les dio una concesión para que actuaran con ética. Si un notario actúa mal, el Gobierno está en todo su derecho de retirarle la concesión, porque está delinquiendo”, sostuvo.

Reveló que actualmente hay varias auditorías en proceso contra notarías y que incluso se analizan nuevos casos, aunque evitó dar a conocer mayores detalles para no afectar las investigaciones. “Tenemos en la mesa otras tantas. Se están haciendo auditorías en varias notarías. Hay veces que tenemos que actuar con cautela para poder seguir avanzando”, indicó.

Durante la conferencia de prensa de este lunes, la mandataria fue cuestionada por la aparición de nuevas víctimas que atribuyen sus casos al denominado “Cártel Inmobiliario”, entre ellas un arquitecto de Córdoba que recientemente denunció un presunto intento de despojo mediante el mismo esquema, señalando a abogados, jueces y notarios que han sido mencionados en otras denuncias.

Nahle confirmó que el tema fue abordado durante la Mesa de Seguridad de este lunes y explicó que la estrategia cambió para evitar que terceras personas intenten aprovecharse del movimiento de víctimas. “A cada persona la vamos a atender”, afirmó.

La Gobernadora informó que instruyó al secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, para que cada caso sea revisado de manera individual. “Yo le pedí a Ahued que tenía que ser persona por persona. Yo aquí no voy a recibir a una persona que quiere lucrar con el tema y manejar esto”, aclaró.

Desde hace varios meses, decenas de personas de municipios como Xalapa, Las Vigas, Emiliano Zapata, Córdoba y otras regiones han denunciado presuntos despojos de viviendas y propiedades mediante el uso de documentos falsificados, pagarés, juicios civiles y actuaciones notariales que consideran irregulares. Las víctimas han señalado reiteradamente a un mismo grupo de abogados, jueces y notarios, por lo que solicitaron la intervención del Gobierno del Estado.

Garantiza atención a empresario que denunció amenazas

Por otra parte, la Gobernadora ofreció respaldo y protección al empresario Luis Antonio Burillo Arenas, quien denunció haber recibido amenazas después de acusar por fraude y despojo al alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla.

La mandataria estatal invitó al denunciante a acudir a la Secretaría de Gobierno para que su caso sea atendido de manera directa. “Que venga aquí a la Secretaría de Gobierno, a la hora que él quiera o pueda. Claro que si tiene una amenaza, sea de quien sea, lo tenemos que defender y el de la amenaza tiene que responder. No puedes andar amenazando como si fueras qué”, declaró.

Nahle explicó que inicialmente el asunto le fue presentado como un conflicto entre particulares derivado de una compraventa, por lo que no correspondía la intervención del Gobierno del Estado. “Yo había visto el tema y me dijeron que era un asunto entre particulares, el que vende una casa y el que compra una casa, el que paga y al que le deben. Pero si brinca ya un tema de amenaza o de seguridad o judicial, pues ya es otra cosa”, señaló.

Burillo Arenas denunció públicamente que el alcalde de Movimiento Ciudadano incumplió el pago de una vivienda valuada en 3 millones 500 mil pesos y posteriormente la ocupó, hechos por los que presentó denuncias por los presuntos delitos de fraude y despojo. Posteriormente, el empresario respondió a la versión del edil presentando una promesa de compraventa protocolizada ante notario, en la que el inmueble quedó a nombre de Rosalba Campuzano Flores, madre del alcalde, además de capturas de mensajes atribuidos a Roberto Ixtla y conversaciones con la abogada Mayra Rodríguez Silva, quien buscó un acercamiento para intentar llegar a un acuerdo.

Burillo también aseguró haber recibido mensajes intimidatorios tras hacer pública la denuncia y manifestó temor por la seguridad de su familia, motivo por el que solicitó apoyo de las autoridades estatales.

Indagarán reclamos en Ayuntamiento de Alto Lucero

En otro tema, Nahle García anunció que revisará el caso de los trabajadores del Ayuntamiento de Alto Lucero que denunciaron descuentos vía nómina por boletos que no lograron vender para el baile estelar de la Feria de la Enchilada Alteña y adelantó que hablará directamente con el alcalde morenista Roque Castillo Castillo.

Reconoció que desconocía la situación, luego de que empleados municipales hicieran público que les fueron descontados de su salario los boletos que no lograron comercializar. “Voy a hablar con el Presidente Municipal. No conocía este caso”, respondió.

Nahle sostuvo que las actividades culturales y turísticas impulsadas por los gobiernos deben tener como objetivo fomentar la convivencia familiar y promover los atractivos del Estado, no convertirse en un negocio. “Nosotros estamos haciendo inversión cultural, inversión turística. Tenemos que invertirle como gobierno para que los jóvenes y las familias tengan una opción de diversión y conozcan lo que tenemos en Veracruz. Si se hace por negocio, ya ese es un problema. Como Gobierno nosotros no tenemos que andar haciendo bailes para negocios”, expresó.

Fueron trabajadores del Ayuntamiento quienes denunciaron que recibieron 5 boletos de 250 pesos cada uno para venderlos en el baile de la Feria de la Enchilada Alteña 2026, celebrado el 18 de julio. Sin embargo, aseguraron que las entradas les fueron entregadas apenas un día antes del evento, cuando prácticamente ya no era posible venderlas.

De acuerdo con los empleados, pese a devolver los boletos que no lograron comercializar, el Ayuntamiento comenzó a descontarles el dinero mediante la nómina. Los inconformes señalaron que la presidenta del DIF Municipal, Celia Herrera Sánchez, les informó que el Alcalde quería el dinero independientemente de que los boletos se vendieran o no, mientras que la directora del DIF, Cristina Viveros Montero, les exigió cubrir el importe total.

Los trabajadores sostienen que al menos medio centenar de empleados resultó afectado y solicitaron la intervención del Gobierno del Estado para recuperar el dinero descontado, al considerar que la medida es ilegal y afecta directamente su economía familiar. Hasta el momento, el Ayuntamiento de Alto Lucero no ha emitido una postura oficial sobre los señalamientos.