Ir a Menú

Ir a Contenido

Sección: Estado de Veracruz

Denuncias presentadas por ORFIS por daño patrimonial no son filias ni fobias: Auditor

- Entre los años 2007 y 2018, se han presentado 172 denuncias por un daño de más de 34 mil 601 millones mdp ante la FGE

- Es la impartición de justicia la que debe continuar en esa línea imparcial, expedita, clara y transparente

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 17/06/2019

alcalorpolitico.com

Las denuncias presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por daño patrimonial en las Cuentas Públicas no son filias ni fobias. Sólo revelan un panorama que no hace distingos de partidos y señalan una actuación por parte de los involucrados al margen de la legalidad y los objetivos superiores del Estado.

Al manifestar lo anterior, el auditor general Lorenzo Antonio Portilla Vásquez detalló que entre los años 2007 y 2018, se han presentado 172 denuncias por un daño patrimonial de 34 mil 601 millones 495 mil 48.99 pesos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) y otras ante la Fiscalía General de la República.

Añadió que las autoridades tienen la documentación, pruebas y los elementos que integran estos 172 expedientes elaborados por personal especializado del ORFIS, por lo que es la impartición de justicia la que debe continuar en esa línea imparcial, expedita, clara y transparente.



“Cada una de las denuncias ha sido contra quien resulte responsable; será el Ministerio Público quien determine el servidor público o ex servidor público responsable de hechos o prácticas contrarias a sus obligaciones y a los preceptos jurídicos; dichas imputaciones son el punto final de un proceso de fiscalización que se siguió paso a paso, desde la planeación de la auditoría hasta la elaboración del informe. Y como lo señala la Ley que nos rige, se respetaron los procesos y plazos para solventar las observaciones determinadas”, señaló.

Portilla Vásquez acotó que cada denuncia tiene como objetivo que las Instituciones y en sí cada habitante de Veracruz, recupere el dinero que fue presupuestado para obras y acciones en beneficio de la colectividad y se imponga un castigo a quienes desviaron de los fines previstos los recursos públicos.

Detalló que tan solo en el ejercicio 2007 fueron denunciadas 12 autoridades de igual número de Ayuntamientos; mientras que de 2008 el número llegó a 6; sin embargo, en el año 2009 la cifra de ayuntamientos denunciados se disparó a 33.



De esas denuncias, apuntó, muchas han avanzado en sus correspondientes investigaciones y hasta en órdenes de aprehensión de algunos exservidores públicos responsables de los daños a la Hacienda Pública municipal; sin embargo, los pendientes continúan en algunos de los casos.

Agregó que en el 2010 se presentaron 17 denuncias; una en el 2011; en 2012 fueron 10; en 2013 sumaron 14; en el año 2015 fueron 26 denuncias por un daño patrimonial superior a los 22 mil millones de pesos.

Las instancias denunciadas fueron las Secretarías de Educación; de Seguridad Pública; de Finanzas y Planeación; de Desarrollo Agropecuario; y de Gobierno; también el Instituto Veracruzano del Deporte, el Seguro Popular, entre otras.



Por lo que corresponde a los resultados del ejercicio 2016, se interpusieron 37 denuncias, que en su conjunto representan una afectación patrimonial a la hacienda pública del orden de los 9 mil millones de pesos.

En la Cuenta Pública 2017 y avances de 2018 lamentablemente las circunstancias no fueron diferentes, pues a la fecha hay denuncias en contra de los Institutos Tecnológicos Superiores de Pánuco, Perote y Las Choapas, la Universidad Politécnica de Huatusco, la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz; además del Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano, Servicios de Salud de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Espacios Educativos y los municipios de Cuichapa, Citlaltépetl y Cosamaloapan, además de las presentadas ante la FGR, como fue el caso de las irregularidades detectadas en la Secretaría de Seguridad Pública, por la contratación del Sistema Estatal de Videovigilancia.

Además, se tramitaron otras cinco por irregularidades en la construcción del puente Capoacán en Minatitlán, así como por empresas no localizadas en una investigación del Servicio de Administración Tributaria contratadas por las Secretarías de Desarrollo Social, de Protección Civil y de Educación.