Dependencias y municipios de Veracruz no aclaran anomalías millonarias de 2018

Hasta el momento, sólo 9 entes fiscalizables, de un total de 189 observados con presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2018, han solventado las observaciones, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) emitió los acuerdos de conclusión y archivo.

Con base al Informe de Seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial Determinadas en la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018, que el ente fiscalizador entregó a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, son 9 Ayuntamiento, de 132 observados, los únicos entes que han podido solventar la Cuenta Pública 2018.

Se trata de los Ayuntamientos de Acula, que solventó 1 millón 32 mil 326.04 pesos; Acultzingo, 238 mil pesos; Citlaltépetl, 231 mil 932 pesos; Cosamaloapan, 1 millón 449 mil pesos; Fortín, 336 mil 89.39 pesos; Lerdo de Tejada, 234 mil pesos; Mecatlán, 4 millones 180 mil pesos; Pánuco, 1 millón 138 mil 725.12 pesos; y Rafael Delgado, 860 mil 369.20 pesos. En estos casos, el ORFIS informó que “se emitieron 9 Acuerdos de Conclusión y Archivo”.



En la Cuenta Pública 2018, la segunda del bienio del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el ORFIS investiga un presunto daño patrimonial global por 3 mil 668 millones de pesos.

Así como un presunto daño patrimonial por 300 millones 109 mil 508 pesos en 132 Ayuntamientos y 2 entidades paramunicipales.

Hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia penal, toda vez que, al concluir las diligencias de investigación, la autoridad investigadora del ORFIS procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley en materia de responsabilidades administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.



El ORFIS informó al Congreso del Estado que por la Cuenta Pública 2018 están en proceso 123 expedientes de investigación en contra de igual número de Ayuntamientos; 47 en contra de entes estatales; y 2 en contra de entidades paramunicipales.

Por lo que en su momento se harán del conocimiento al Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, las resoluciones finales y acciones promovidas.