Dependencias y organismos tienen 90 días para aclarar anomalías en Cuenta Pública 2024

Una vez aprobada la Cuenta Pública 2024, los 223 entes estatales y municipales observados tienen 90 días para solventar un presunto daño patrimonial de 2 mil 372 millones 867 mil 569.51 pesos.

Al señalar lo anterior, el diputado local y vocal de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Paul Martínez Marie dijo que con la solventación de las observaciones se evitará que se presenten denuncias ante las instancias correspondientes.

Sin embargo, añadió que el presunto daño patrimonial detectado puede parecer una cifra “alarmante”, pero no significa que ese recurso haya desaparecido o que se lo llevaron ex servidores públicos o servidores públicos en activo

Señaló que en muchos casos no se cumplieron con los procedimientos y por ello no se pudo demostrar “la buena aplicación” de los recursos.

Ahora, una vez aprobada la referida Cuenta Pública, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) abrirá la fase de investigación y los entes observados tendrán 90 días para solventar las observaciones. “De no hacerlo así en este periodo, entonces ya se remitirán las observaciones al área jurídica del ORFIS para que se emitan, en su caso, las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o a donde corresponda”.

Manifestó que todavía hay tiempo para justificar la documentación que en su momento no se presentó en tiempo y forma y así evitar que se presenten denuncias. Aunque reconoció que el área de Investigación del ORFIS se satura y se genera un “cuello de botella” para revisar nuevamente a los 223 entes fiscalizables y a veces, la respuesta no es tan inmediata.

El daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024 fue observado en el último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por un monto de 829 millones 397 mil 442.45 pesos; en 174 ayuntamientos el presunto daño es por mil 537 millones 550 mil 416.82 pesos.

En 8 entidades paramunicipales, el presunto daño es por 4 mil 449 millones 156 mil.34 pesos y fue detectado en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Banderilla, y las CMAS de Coatepec, de Coatzacoalcos, de Coscomatepec, y de Lerdo de Tejada; así como en el Hidrosistema de Córdoba, en el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) de Veracruz y en el Sistema Intercomunicador de Gestión Integral de Residuos Sólidos urbanos y Manejo Especial (SIGIRES).

En 5 secretarías del Poder Ejecutivo –la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA)– hay un presunto daño por 62 millones 632 mil 248.42 pesos y 34 organismos públicos descentralizados por 766 millones 765 mil 194.3 pesos.

Y en el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) del Poder Judicial hay un daño por aclarar de 63 mil 263.4 pesos; y en la Universidad Veracruzana (UV) por un millón 407 mil 317.86 pesos.