Desafuero en Veracruz: MC acusa persecución política y Congreso defiende legalidad

El Congreso de Veracruz volvió a colocar la figura del desafuero en el centro del debate político estatal luego de que la Comisión Permanente Instructora determinara que existen elementos para continuar el procedimiento de declaración de procedencia contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos emanados de Movimiento Ciudadano.

La resolución no implica que los presidentes municipales sean culpables de los delitos que les atribuye la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que permite continuar con el procedimiento legislativo que eventualmente deberá resolver el Pleno del Congreso. De acuerdo con lo informado por Al Calor Político, la Comisión Instructora concluyó que existen condiciones para continuar el procedimiento de declaración de procedencia solicitado por la Fiscalía.

En el caso de Raúl González Martínez, la FGE lo investiga por su presunta participación en el homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, mientras que Bertín Bravo Montero enfrenta una investigación relacionada con la desaparición del empresario Héctor Ramos Sánchez y su escolta, ocurrida en Barra de Chachalacas, municipio de Úrsulo Galván.

Ambos alcaldes tuvieron oportunidad de ejercer plenamente su derecho de defensa y la Comisión emitió el dictamen que será sometido a consideración del Pleno del Congreso. En caso de que el Congreso apruebe retirar el fuero constitucional a los ediles y éstos sean separados del cargo por una autoridad judicial, no será necesario convocar a elecciones extraordinarias, ya que asumirían la administración municipal los respectivos presidentes municipales suplentes, conforme a la legislación veracruzana.

Lo anterior garantiza la continuidad administrativa de ambos ayuntamientos mientras los procesos penales siguen su curso. El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Esteban Bautista Hernández, afirmó que el Congreso únicamente está siguiendo el procedimiento previsto en la Constitución y negó que exista una persecución contra alcaldes de oposición.

En el mismo sentido, la gobernadora Rocío Nahle García sostuvo que las solicitudes corresponden exclusivamente a investigaciones realizadas por la Fiscalía y reiteró que será el Poder Judicial el que determine responsabilidades, por lo que pidió respetar el debido proceso.

En contraste, dirigentes de Movimiento Ciudadano han sostenido que las investigaciones constituyen una estrategia para debilitar políticamente a gobiernos municipales de oposición. El partido ha insistido en que las carpetas de investigación deben sustentarse exclusivamente en pruebas y no en intereses políticos, al tiempo que recordó que la declaración de procedencia no representa una sentencia condenatoria.

Un mecanismo que ha marcado la política veracruzana

El debate no es nuevo, durante los últimos años el Congreso de Veracruz ha conocido diversos procedimientos de declaración de procedencia que han involucrado a funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Uno de los antecedentes más relevantes en Veracruz ocurrió en marzo de 2020, cuando el Congreso del Estado aprobó retirar el fuero al entonces diputado local Erick Iván Aguilar López, conocido como "El Mariachi".
Aguilar llegó al Congreso postulado por el Partido del Trabajo (PT) como parte de la coalición "Juntos Haremos Historia", integrada por MORENA, PT y Partido Encuentro Social (PES). Sin embargo, meses después rompió con la alianza que lo llevó al cargo, se declaró diputado independiente y posteriormente se incorporó a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

En ese momento enfrentaba una investigación de la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y resistencia de particulares. Tras la aprobación de la declaración de procedencia por parte del Pleno del Congreso, fue detenido por la Policía Ministerial para enfrentar el proceso penal correspondiente.

El caso es considerado uno de los precedentes más importantes en materia de desafueros en Veracruz durante los últimos años y suele citarse como referencia de que el Congreso sí ha autorizado el retiro del fuero cuando la Fiscalía presenta elementos que considera suficientes para sustentar sus investigaciones.

Otro de los antecedentes más relevantes fue el proceso que enfrentó el entonces fiscal general Jorge Winckler Ortiz, cuyo caso marcó una de las mayores confrontaciones institucionales entre el Ejecutivo estatal y los organismos de procuración de justicia.

¿Qué sigue?

La Comisión Instructora deberá remitir el dictamen al Pleno del Congreso del Estado, donde los diputados decidirán, mediante la votación prevista por la Ley, si procede o no retirar el fuero constitucional a ambos alcaldes.

En caso de aprobarse, corresponderá exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y posteriormente al Poder Judicial determinar si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal, preservando en todo momento la presunción de inocencia de los funcionarios involucrados.

Más allá de los casos particulares, el procedimiento ha reabierto un viejo debate en Veracruz: si la declaración de procedencia constituye un instrumento indispensable para combatir la impunidad o si, como sostiene la oposición, puede convertirse en una herramienta de confrontación política cuando las investigaciones involucran a actores de partidos distintos al que gobierna.