Descartan que expresidenta de Poder Judicial se pueda amparar contra destitución    

El acuerdo tomado por el Pleno de del Tribunal Superior de Justicia para destituir a la magistrada Sofía Martínez Huerta como presidenta del Poder Judicial no tiene ninguna “fisura legaloide” por donde pudiera entrar una solicitud de amparo o denuncia penal.

Al afirmar lo anterior, el presidente del Foro Liberal de Abogados, Roberto Rodríguez Cruz, aseveró que la permanencia de Martínez Huerta al frente del Poder Judicial era insostenible y su destitución ya es cosa juzgada, por lo que se congratuló por esa decisión.

Dijo que la actuación de los magistrados está cimentada bajo el amparo de le ley, por lo que no hay preocupación de que se pudiera presentar una denuncia por el delito de coalición (ejercicio ilícito de servicio

público) o un amparo en contra de la destitución.

Manifestó que cada Sala del TSJ en materia Constitucional, Penal, Civil, Familiar y de Responsabilidad Juvenil se integra por tres magistrados, y las Presidencias son rotativas.

En ese sentido, expuso que el artículo 39 del Reglamento Interno del Poder Judicial señala, entre las atribuciones del Pleno de cada Sala, elegir su presidente de entre los tres magistrados que la integran.



Mientras que el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala que “el Tribunal Superior de Justicia contará con Salas especializadas en las materias Constitucional, Penal, Civil, Familiar y de Responsabilidad Juvenil en el número que se requiera para el buen funcionamiento de la administración de justicia. Estará integrada cada una de ellas, con excepción de la Sala de Responsabilidad Juvenil que será unitaria, por tres magistrados, de entre los que se elegirá a su presidente, el cual fungirá por un año, con la posibilidad de ser reelegido de forma inmediata por una sola ocasión”.

Lo que deja claro que son los magistrados de las Salas los únicos que tienen la atribución de nombrar y quitar a los presidentes.

Por ello, agregó que la ahora expresidenta Martínez Huerta excedió sus funciones al ejercer una atribución que no era de su competencia, como fue la destitución de última hora de tres magistrados presidentes de Sala, con la finalidad de impedir que no se celebrara la sesión extraordinaria en la que fue destituida.