Desde 2018, 25 ediles han sido detenidos en el país; la mayoría de MORENA

La detención, a los cinco minutos de terminar su gestión, de exalcalde morenista de Atoyac, Veracruz, Carlos Alberto “N”, por presuntos vínculos con el crimen organizado y homicidio se sumó a un registro que, desde 2018, contabiliza al menos 25 presidentes municipales y exediles capturados por supuestos nexos con redes delictivas en el país.

De acuerdo con un recuento de Reforma, las detenciones se concentraron principalmente en el estado de México y Puebla con seis casos cada uno, seguidos de Chiapas con cuatro y Jalisco con dos. La mayoría de los detenidos militaba en el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) con ocho casos; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuatro; Movimiento Ciudadano (MC), cuatro; el Partido de la Revolución Democrática (PRD), tres; y el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pacto Social, Chiapas Unido y Fuerza por México con uno cada uno.

El caso en el estado de Veracruz ocurrió el primero de enero, cuando Carlos Alberto “N” salió del Palacio Municipal de Atoyac, al que entró para despedirse ya sin fuero. “Ahora sí, esta es la última foto en la oficina de la Presidencia”, había publicado en redes sociales, según el recuento del diario. La captura más reciente fue la del alcalde del municipio de Tequila, Jalisco, Diego “N”, quien había asumido el cargo el primero de octubre de 2024 y fue detenido por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).



En el mismo recuento, Reforma señaló que una de las acciones de mayor alcance contra autoridades municipales fue la Operación Enjambre, desplegada en noviembre de 2024, que derivó en la detención de las alcaldesas María Elena “N”, de Amanalco, y María del Rosario “N”, de Santo Tomás, ambas en el estado de México, acusadas de nexos con el crimen organizado y otros delitos.

El fenómeno, advirtieron las organizaciones Data Cívica y México Evalúa en el estudio “El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado en 2024, se relaciona con una estrategia de los grupos criminales para “aliarse o atacar” a autoridades municipales con el fin de controlar la esfera política, acceder a recursos y regular el acceso al poder.

Ese estudio reportó que, de 2018 a 2023, se registraron mil 373 eventos de violencia político-criminal; 31 por ciento de ellos contra alcaldes. El 60 por ciento de los ataques resultó letal y 77 por ciento de las víctimas perteneció al ámbito municipal, de acuerdo con los datos citados por Reforma.



El medio también documentó que, un día antes de la captura del Alcalde de Tequila, fue detenido el alcalde con licencia del municipio de Cuautempan, Puebla, Gerardo “N”, electo por la coalición MORENA-PT, acusado de extorsión, robo de mercancía, distribución de droga y portación de armas de uso exclusivo. El Edil permanecía prófugo desde nueve meses antes, cuando un cateo en su domicilio derivó en el decomiso de drogas y armas de fuego.

En ese contexto, la estrategia del Estado se ha enfocado en capturar a servidores públicos investigados por su relación con redes delictivas y en evitar filtraciones internas. El 16 de enero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Operación Enjambre había permitido la detención de 60 funcionarios públicos, y al 5 de febrero sumaban 67 capturas, entre ellas presidentes municipales y mandos de seguridad.

De esas detenciones se han obtenido 18 sentencias condenatorias. Entre ellas destaca la de la exalcaldesa del municipio de Amanalco, María Elena “N”, sentenciada en diciembre a 70 años de prisión por el homicidio de un síndico municipal. El recuento incluyó, además, casos como el de los hermanos Uruviel “N” y Giovanni “N”, ligados a MC en Puebla, detenidos en marzo de 2025 por extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa, así como la captura posterior del ex alcalde, Ramiro “N”, en mayo de 2025.



También consignó el caso del exalcalde del municipio de Apulco, Zacatecas, Mauro Yuriel “N”, por MC, desaforado y detenido en julio de 2025 por presunto nexo con el CJNG, y el nombramiento de un sustituto, Israel Ramírez Íñiguez, quien, según el recuento, “acostumbraba posar como sicario en redes sociales”.