La Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá verificar si existieron irregularidades en la asignación de contratos por 570.4 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, sostuvo la gobernadora Rocío Nahle García, quien aseguró que recibió información de que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz no ha contratado a esas compañías desde 2022.
La mandataria explicó que solicitó información al organismo electoral tras conocerse las investigaciones federales sobre presuntas irregularidades en la contratación de proveedores. Sin embargo, aclaró que los datos recibidos deberán ser corroborados por la ASF.
“Yo pregunté al OPLE cuando sale todo esto, que es lamentable y vergonzoso y que se tiene que auditar, sea quien sea. La información que nos hizo llegar es que desde el 2022 a la fecha ninguna de esas empresas se contrató en el OPLE de Veracruz, ninguna”, declaró.
Nahle señaló que la revisión deberá concentrarse en las contrataciones realizadas durante los años anteriores, así como en los montos pagados y los procedimientos utilizados para adjudicar los servicios. “Del 2022 hacia atrás, pues está ahí la Auditoría haciendo la revisión”, expresó, “ahí la auditoría tiene que revisar y auditar el costo, el monto, cómo se asignó, etcétera”.
El pasado 5 de noviembre, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que Veracruz concentró 570.4 millones de pesos en contratos otorgados entre 2014 y 2023 a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. Del total identificado, 302.9 millones de pesos correspondieron a Cajas Graf; 263.3 millones, a Seriplast de México, y 4.2 millones, a Corporativo ZEG.
De acuerdo con la investigación federal, las compañías presuntamente simulaban competir entre sí en los procedimientos de contratación, pese a mantener vínculos empresariales y familiares. Las autoridades federales investigan si estas relaciones permitieron favorecer a determinados proveedores mediante acuerdos previos sobre precios, condiciones de participación y adjudicación de contratos.
Cuestionada sobre las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Esteban Bautista Hernández, quien señaló que José Alfredo Hernández Casillas habría intentado acercarse a la presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, durante 2025, Nahle afirmó que desconocía esos hechos. “Eso sí yo no sé si Esteban tiene esa información”, respondió.
Ante la posibilidad de solicitar al OPLE que haga públicas sus contrataciones, la gobernadora insistió en que corresponde a la ASF realizar las investigaciones y presentar los resultados. “Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación ya está trabajando con todos los OPLE del país. Vamos a esperar a que den la información correcta el ente encargado”, manifestó.
La ASF mantiene una investigación sobre contrataciones realizadas por organismos electorales entre 2000 y 2025, con el propósito de identificar posibles irregularidades en los procedimientos de adjudicación y determinar las responsabilidades que correspondan.
Previamente, a través de un comunicado Nahle reiteró que la autonomía de los organismos electorales no los exime de rendir cuentas sobre el ejercicio de recursos públicos. “Autonomía no significa ausencia de vigilancia, ni tampoco estar exentos de la responsabilidad pública”, sostuvo.