Con 31 periodistas asesinados desde el año 2000 en casos que podrían estar vinculados con su actividad informativa, Veracruz se mantiene como la entidad con más homicidios de comunicadores registrados en México, de acuerdo con la organización Artículo 19.
El registro coloca al estado en el primer lugar nacional en este tipo de agresiones y ubica al gobierno de Javier Duarte de Ochoa como el periodo con el mayor número de casos documentados en la entidad.
Según la organización, durante la administración estatal de 2010 a 2016 fueron asesinados 18 periodistas, entre ellos el fotoperiodista Rubén Espinosa, cuyo caso se convirtió en uno de los episodios más representativos de la violencia contra la prensa vinculada a Veracruz. A nivel nacional, Artículo 19 ha documentado 176 asesinatos de periodistas y personas comunicadoras desde el año 2000 que podrían estar relacionados con el ejercicio de la libertad de expresión.
El caso más reciente incorporado a ese registro es el de Carlos Leonardo Ramírez Castro, asesinado el 8 de enero de 2026 en Veracruz. A nivel nacional, las cifras de la organización muestran que 48 periodistas fueron asesinados durante el gobierno de Felipe Calderón; 47 durante la administración de Enrique Peña Nieto; 47 en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y nueve en lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Artículo 19 señala que sus registros se elaboran bajo una definición amplia de periodista, sustentada en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en estándares internacionales de libertad de expresión. Bajo esa metodología, la categoría incluye tanto a trabajadores de medios de comunicación como a personas que generan y difunden información de interés público de manera independiente.
La organización explicó que la posible relación entre los homicidios y la actividad periodística se determina mediante investigaciones propias, revisión de expedientes e información pública, así como entrevistas con familiares, colegas y fuentes locales. También advirtió que el número de casos podría ser mayor, debido a que existen asesinatos que no han podido ser documentados o en los que aún no se cuenta con elementos suficientes para establecer una posible conexión con la labor informativa.
Artículo 19 sostuvo que la responsabilidad de investigar estos hechos corresponde a las autoridades, independientemente de que organizaciones civiles hayan emitido o no pronunciamientos sobre los posibles móviles de los crímenes. "Corresponde a las autoridades investigar todos los asesinatos de personas que ejercen actividades periodísticas", ha reiterado la organización en sus posicionamientos sobre violencia contra la prensa.