El activista Endri Mukupa, sobreviviente del centro de rehabilitación “Sendero de Guerra 24 Horas” A.C., ubicado en la calle Francisco Zarco de la colonia Insurgentes Norte de Minatitlán, denunció públicamente que en ese lugar se han cometido durante años torturas, abusos físicos, secuestro de personas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hechos que hoy cobran relevancia tras la fuga masiva de internos, entre ellos un menor de 14 años.
Mukupa afirmó que en 2016 permaneció recluido en ese mismo anexo, donde, lejos de recibir tratamiento, fue sometido junto con otros internos a un régimen de violencia extrema. Señaló como responsable del sitio a Everardo Brito, a quien acusó de operar un esquema de castigos físicos, encierro forzado y maltrato continuo. “Al ingresar ahí uno pierde todos sus derechos. Te golpean, te amarran, te incomunican de tu familia durante meses. Es prácticamente un secuestro”, declaró.
Relató que dentro de “Sendero de Guerra” los internos eran golpeados todos los días con palos y objetos contundentes, amarrados con sogas, sometidos a inmersiones en tambos con agua, obligados a bañarse con agua fría y privados del sueño mediante largas jornadas de castigo que se extendían hasta la madrugada. “Había personas amarradas a una silla, orinadas, golpeadas, sin comer. La comida era una sola sopa hervida en la mañana, tarde y noche. No había colchas, no había suéteres, no había medicamentos”, describió.
El activista aseguró que las familias eran engañadas, ya que se les hacía creer que los internos estaban bien atendidos y alimentados, por lo que les pedían llevar despensa, refrescos, galletas y dulces, artículos que nunca llegaban a quienes estaban recluidos, pese a que además pagaban cuotas por el supuesto tratamiento.
Mukupa recordó que durante su estancia una persona murió dentro del centro, mientras que otros internos sufrían lesiones y enfermedades por las condiciones insalubres. Tras un escape que permitió alertar a los familiares, se realizó una intervención policial que permitió la salida de quienes estaban retenidos, aunque casi nadie presentó denuncias por temor. “Yo fui el único que denunció públicamente. Por eso el lugar fue cerrado varios años. Luego lo reabrieron y el año pasado volvió a morir una persona, que dijeron que se atragantó, pero eso no es verdad. Los castigos ahí son los que matan”, afirmó.
Ante la reciente fuga de internos y la presencia de un menor de 14 años en ese anexo, Endri Mukupa exigió la intervención inmediata de autoridades y organismos de derechos humanos. “¿Cómo es posible que un niño esté en un lugar así cuando tiene padres que pueden corregirlo. Eso es un secuestro. Aquí es donde se necesita la presencia real de Derechos Humanos”, reclamó.
Finalmente, retó públicamente al responsable del centro a abrir las instalaciones para demostrar que no existen los abusos denunciados. “Si todo lo que digo es mentira, que abran el anexo y que dejen ver cómo los tratan, cómo los amarran y cómo los golpean”, concluyó.