Despojo inmobiliario, negocio millonario con protección gubernamental: Reyes Peralta

Hay diferentes grupos que se dedican al fraude en Veracruz, son estructuras que involucran a funcionarios, notarios, jueces, peritos, abogados, actuarios y personal del Registro Público de la Propiedad operaría en Veracruz para apropiarse de terrenos de alto valor mediante procesos judiciales y operaciones inmobiliarias presuntamente irregulares, afirmó el abogado penalista Jorge Reyes Peralta.

El litigante sostiene que el caso que representa, relacionado con un predio de 12 hectáreas ubicado en la zona de Arco Sur, en Xalapa, es un ejemplo de un modus operandi que, de acuerdo con su acusación, se ha convertido en un negocio millonario y que tendría protección de instancias gubernamentales. “Todos ellos están coludidos”, afirmó Reyes Peralta al referirse a las áreas que, según su señalamiento, participarían en este tipo de operaciones.

El abogado representa a la empresa Fincar Maz S.A. de C.V., propietaria del terreno de 120 mil metros cuadrados, cuyo valor actual estimó en más de 500 millones de pesos. De acuerdo con el litigante, el conflicto comenzó cuando Martha Leticia Toral Zayas promovió un juicio de prescripción sobre el inmueble sin que, según su versión, se notificara a su representada.

Aunque posteriormente se emitió una sentencia de primera instancia, Reyes Peralta enfatizó que ésta fue apelada y permanece sub judice, es decir, sin que exista una resolución definitiva.

Sin embargo, afirmó que con una copia certificada de esa resolución acudieron ante el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza para que fuera protocolizada como si Toral Zayas ya fuera propietaria del inmueble. El abogado señaló que el notario realizó la protocolización y que ese mismo día se efectuó una operación de compraventa por 98 millones de pesos a favor de dos compradores.

Reyes Peralta cuestionó las condiciones en que, según su versión, se documentó la operación, pues aseguró que en las escrituras no aparecen los registros de contribuyentes de los compradores y que únicamente se asentó que el pago se realizó mediante un cheque, sin precisar cuál.

Para el litigante, estos hechos presentan apariencia de delitos como fraude genérico, fraude procesal y delitos contra la fe pública.

La denuncia dio paso a una investigación de la Fiscalía General del Estado y, tras casi tres años de insistencia, Reyes Peralta reconoció que la autoridad ministerial finalmente judicializó parcialmente la carpeta.

Actualmente, señaló, Martha Leticia Toral Zayas y el notario Miguel Ángel Díaz Pedroza son los imputados en el proceso por los delitos de fraude genérico y contra la fe pública.

La audiencia inicial fue programada para las 9:37 horas de este martes, y el abogado advirtió que, en caso de que los imputados no acudieran, podrían ser considerados sustraídos de la acción de la justicia y eventualmente enfrentarse a una orden de aprehensión.

Sin embargo, Reyes Peralta insistió en que la investigación no debe detenerse en esas dos personas. “Falta que judicialicen a los demás, faltan los compradores”, sostuvo.

El abogado también cuestionó que quienes adquirieron el terreno por 98 millones de pesos no hayan tomado posesión del inmueble, pese al monto de la operación.

El predio, explicó, tendría actualmente un valor superior a los 500 millones de pesos, considerando que el precio del metro cuadrado en esa zona de Xalapa supera los 5 mil pesos.

Incluso recordó que anteriormente el terreno habría intentado venderse en alrededor de 200 millones de pesos a una inmobiliaria, operación que, afirmó, fue detenida después de que la Fiscalía giró un oficio al Registro Público de la Propiedad.

Para Reyes Peralta, la dimensión económica de las propiedades explica el interés que existiría detrás de este tipo de operaciones. “Obviamente es un gran negocio”, afirmó.

Y fue precisamente al explicar cómo, según su versión, opera esta estructura, cuando amplió sus señalamientos a diversas instituciones.

El abogado aseguró que en este tipo de casos estarían involucrados funcionarios del Gobierno, personal del Registro Público de la Propiedad, integrantes del Colegio de Notarios, juzgados civiles, salas civiles del Tribunal Superior de Justicia del Estado, peritos, abogados y actuarios.

“Se venden al mejor postor”, acusó.

De acuerdo con su versión, la estructura funcionaría mediante un esquema en el que se identifican propiedades deshabitadas o con situaciones jurídicas vulnerables, posteriormente se promueven procedimientos para adjudicarlas y finalmente se formalizan las operaciones mediante escrituras y compraventas. “Es un modus operandi que se ha institucionalizado”, sostuvo.

El abogado explicó que por esa razón utiliza el término “cártel inmobiliario”, no necesariamente para referirse a un solo grupo con los mismos integrantes en todos los casos, sino a una forma organizada y reiterada de operar. “Hay diferentes grupos”, afirmó.

El abogado hizo énfasis en que el caso que representa es distinto a otros expedientes de despojo inmobiliario que también han sido denunciados en Veracruz y que han involucrado a diferentes familias y personas.

En este expediente, sostuvo, la presunta invasora habría utilizado un procedimiento de prescripción para adjudicarse un terreno de dimensiones que, dijo, hacen difícil sostener que realmente ejerciera una posesión material sobre toda la propiedad.

El litigante también aseguró que existen antecedentes de otros casos en los que la misma persona habría sido señalada por operaciones similares.

A su juicio, el problema no se limita a particulares que intentan apropiarse de inmuebles, sino a la presunta participación o tolerancia de servidores públicos y profesionistas que permiten que las operaciones lleguen a formalizarse.

En este sentido, reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado en la judicialización parcial del expediente, pero insistió en que todavía falta determinar la responsabilidad del resto de las personas que, según la denuncia, habrían intervenido en la operación. “Así como señalo cuando la autoridad no hace su trabajo, en este caso la Fiscalía General del Estado está haciendo su trabajo”, expresó.

El caso, por ahora, deberá continuar en los tribunales para determinar si existen elementos suficientes para acreditar los delitos denunciados y la responsabilidad de las personas señaladas.