Destapan desastre administrativo, robos e ilegalidad en el Registro Público

Libros que desaparecen, hojas arrancadas, documentos sustraídos, cámaras que no cubren áreas clave y trabajadores sin contrato convertidos en posibles chivos expiatorios. Ese es el escenario que describe Rosalba Becerra Fernández, ex trabajadora del área de inscripciones del Registro Público de la Propiedad, quien denuncia haber sido despedida de manera arbitraria tras negarse a firmar un documento que, afirma, la habría hecho responsable de irregularidades que no le correspondían.

Su testimonio surge en un momento clave: ante el destape del llamado “Cártel inmobiliario”, que ha puesto bajo la lupa al Registro Público por presuntas anomalías en inscripciones, desaparición de documentos y actos que comprometen la certeza jurídica del patrimonio de particulares.

“Siempre tratan de responsabilizarnos a nosotros porque somos como la última mano que termina de concluir el trabajo”, señala. Sin embargo, aclara que ninguna inscripción se realiza sin autorización previa. “Si nosotros estamos subiendo un documento al sistema o estamos inscribiendo es porque previamente ellos ya lo autorizaron”, expuso al referirse a los directores.



Rosalba relata que el martes 06 de enero fue llamada a la oficina de su superior, Yolanda Aidee Tovar Vadillo, encargada de la oficina de registro público de la propiedad en Xalapa, luego de externar el nivel de presión laboral que enfrentaba en las últimas semanas. Ahí, asegura, se tomó su comentario como una renuncia forzada. “Me dijo que me tomaba la palabra y que a partir de ese momento ya no quería que yo trabajara ahí”.

Al día siguiente, sin previo aviso, le solicitaron las claves de su computadora y correo institucional. Mientras ella las entregaba de buena fe, sus pertenencias fueron retiradas de su lugar de trabajo y colocadas en la vía pública.

“Sacaron mis cosas y las dejaron en la calle”, afirma. Todo ocurrió, dice, luego de que se negara a firmar un documento que pretendía atribuirle funciones que no realizaba, relacionadas con la revisión integral de documentación, labores que realiza su jefa directa.



“Lo estaban utilizando a su favor”, sostiene. “Querían que yo asumiera responsabilidades que no eran mías”, esto, para integrarla en una denuncia interpuesta a uno de sus compañeros, quien a su decir, fue incriminado de manera injusta por irregularidades que no cometió e incluso fue puesto a disposición.



Rosalba no entregó renuncia, no cometió alguna falta y aún así, con una clara violación a sus derechos humanos y laborales, fue despedida sin justificación. La ex trabajadora del Registro Público identifica directamente a su superior: Yolanda Aidee Tovar Badillo, quien, asegura, es la funcionaria que autoriza y firma todos los documentos que ingresan al área de inscripciones: “Ella es la que autoriza y la que firma todo lo que entra dentro de mi área”, afirma. Por lo tanto, subraya, “ella tendría que ser responsable de las irregularidades”.

Según su testimonio, los trabajadores solo siguen instrucciones. “La función y el proceso que ella nos indica”. Aun así, cuando estallan los problemas, la responsabilidad recae en los niveles más bajos. Uno de los puntos más delicados de su denuncia es el temor a que, tras su salida, se fabriquen responsabilidades en su contra: “Después de que me haya ido de la oficina, pueden revisar documentos o sembrar cualquier cosa que me responsabilicen de alguna situación que ellos pudieron haber generado”, advierte.

Relata que este patrón ya se ha repetido. “En meses pasados despidieron a una compañera. Mandaron a revisar todos sus documentos, le pidieron su credencial de elector… porque por si algo pasaba, ya sabían a quién recurrir”.



Rosalba confirma que las irregularidades en el Registro Público no son casos aislados. “No es el único. A lo largo del tiempo han pasado muchas denuncias porque han sustraído inscripciones, han arrancado hojas”, acotó. Incluso señala que en la Fiscalía “debe haber muchas denuncias por desaparición de documentos incorporados en los libros o tomos del Registro Público”.

Sobre la seguridad de la documentación, explica que aunque existen cámaras desde aproximadamente 2018 o 2019, estas no cubren todas las áreas. “No hay cámaras en las oficinas de los encargados, de los directores, ni en algunos pasillos”, precisa.

Relata además casos graves del pasado, como la sustracción de libros completos o el traslado de tomos fuera del Registro sin claridad sobre su destino, durante la administración anterior. “Salían del Registro Público y se iban a la dirección. No sabíamos a dónde se iban”, comentó al agregar que esos libros regresaban al registro cuando algún usuario solicitaba un cambio y posteriormente volvía a salir de las oficinas.



Rosalba trabajó como “meritoria” por diez años, una figura que, denuncia, permite al Registro operar con personal sin contrato, sin seguridad social y sin derechos laborales: “No nos dieron liquidación, no nos dieron nada”, afirma sobre los tres despidos que se han generado tras tratar de “fabricar” responsables ante la operación del registro público en el Cártel Inmobiliaro. “Nos pagan en efectivo y no estamos dentro de la nómina del gobierno del Estado”.

El dinero, explica, proviene de los pagos de urgencias y trámites realizados por usuarios y notarios. “Dependemos de la cantidad de trabajo que saquemos”, expuso al asegurar que en el Registro Público hay favoritismo hacia algunas notarías, ya que tienen la encomienda de sacar el trabajo lo más pronto posible, solo de los notarios que les indicaban, por orden de su jefa directa.



Asegura que, mientras tanto, entre irregularidades y violaciones a los derechos laborales, quienes trabajan como meritorios, observan cómo las bases y contratos se entregan a personas allegadas cuando hay cambios de administración. Rosalba no pide impunidad ni protección indebida. Exige algo básico: justicia laboral y claridad institucional: “Yo solo pido que se me reconozca mi tiempo de trabajo, que ha sido extenso, que se me reconozca el esfuerzo”, afirma.

También solicita que no se le finque ninguna responsabilidad por hechos que no le corresponden y que se sancione a los verdaderos responsables, así como a quien dio la orden de sacar sus pertenencias a la calle: “Que se haga justicia ante la manera en la que me despidieron, sin ninguna justificación”, dijo al señalar que su jefa directa claramente violó sus derechos humanos al exhibirla de esa forma en su área de trabajo, por lo que adelantó que recurrirá a las instancias correspondientes.



Ante el destape del “Cártel inmobiliario”, el testimonio de Rosalba Becerra Fernández adquiere una dimensión mayor: no solo revela un despido injustificado y la prepotencia de su jefa por no firmar un documento que describía sus actividades labores, mismas que la hacían responsable del área con revisiones que no realizaba, sino un sistema donde las irregularidades conviven con el miedo, la opacidad y la fabricación de responsables.

Su voz pone en evidencia cómo, mientras los libros desaparecen y los documentos se manipulan, la carga legal y penal puede recaer en trabajadores sin contrato, sin protección y sin poder de decisión.

Aunque Rosalba señala directamente a la encargada de la oficina de Registro Público de la Propiedad en Xalapa como responsable de todas las irregularidades en su área, lo cierto es que el titular de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías en Veracruz es, Jesús Alberto Islas Aguilera, quien no ha emitido posicionamiento alguno ante los señalamientos públicos de contubernio con notarías y abogados para el despojo de viviendas y tampoco ha realizado algún tipo de acción ante el acoso laboral y violación a los derechos humanos del personal, incluida Rosalba Becerra Fernández.