La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un probable daño patrimonial por 35 millones 366 mil 900 pesos en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2024, durante la gestión de Verónica Hernández Giadáns, quien dejó el cargo recientemente.
El monto observado equivale a 27.1 por ciento de la muestra auditada, que ascendió a 130.5 millones de pesos de Participaciones Federales transferidas para servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles.
De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024, la revisión abarcó los capítulos de gasto 1000, 2000, 3000 y 5000. La ASF concluyó que la institución no acreditó el uso de los recursos conforme a la legislación aplicable ni a su normativa interna.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos a personal que no acreditó contar con título o cédula profesional para el puesto desempeñado, en contravención del catálogo sectorial correspondiente. La auditoría también identificó inconsistencias en la administración del combustible, con registros de cargas realizadas antes de la vigencia de los contratos y consumos reportados fuera del territorio estatal.
Asimismo, se documentaron pagos de combustible para unidades que no figuran en el padrón vehicular de la Fiscalía, así como adquisiciones de vehículos cuya asignación final no correspondió a las áreas autorizadas en el dictamen original.
El órgano fiscalizador reportó además pagos por servicios de impresión que no se realizaron en los términos establecidos en los contratos respectivos.
“La Fiscalía General del Estado de Veracruz no se ajustó a la legislación y normatividad administrativa aplicable a los procedimientos de adquisiciones y servicios personales”, señala el documento.
Derivado de las observaciones, la ASF promovió acciones administrativas y legales para que la Fiscalía aclare el destino de los recursos o, en su caso, proceda a su reintegro.