En al menos 6 municipios de Veracruz operan estaciones de carburación de forma irregular y sin las mínimas medidas de protección civil, de acuerdo con reporte anual de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El organismo llama “clandestinas” a esas empresas aunque aclara que están a la vista de todos, sobre las carreteras o sobre calles altamente transitadas, y pese a ello, ninguna autoridad, ya sea de Protección Civil Municipal o Estatal, o de regulación de comercio, ni del sector energético, les ha impedido que sigan funcionando.
La Comisión Reguladora de Energía advirtió que creció el número de estaciones clandestinas de gas, en varias entidades del País, incluyendo Veracruz. Y alertó que a lo largo del territorio veracruzano hay estaciones de carburación de gas que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad ni con la normatividad de protección civil, además que se desconoce el origen de gas que venden, pues no aparecen en el padrón de Petróleos Mexicanos (PEMEX). A la par, el gas que venden se desconoce quién es su proveedor, y si éste no ha sido alterado o no cumple con la calidad debida, generando otro tipo de riesgo para quienes lo consumen o lo llevan a sus hogares.
El organismo revela que hay una estación de carburación denominada “Amerigas” que ha extendido sus operaciones en los municipios de Omealca, Tezonapa Córdoba y Fortín. Además, hay otras en Paso del Toro, Rancho del Padre y el Tejar en el municipio de Medellín de Bravo. También menciona una denominada “El Gallito” en la región de Los Tuxtlas, la cual ha incrementado sus actividades, y con ello el riesgo de la población. Las otras 2 estaciones están en la comunidad de Vargas en el municipio de Veracruz y otra más ha sido detectada en la comunidad de Puente Jula, en el municipio de Paso de Ovejas.
El reporte menciona que se ha hecho el reporte a las autoridades, pero se continúa permitiendo su operación en completa irregularidad.
Resaltaron los riesgos para la población y usuarios de esas estaciones, como para los propios empleados, pues no cuentan con las medidas de seguridad adecuadas, además que usan materiales reciclados y en su construcción nunca se verificó que cumplieran con las normas requeridas.
Esto, además de representar una competencia desleal para las estaciones que cumplen con todos los requisitos fiscales, legales, laboral, de protección civil y demás normativas, es un riesgo para la población, pues ante algún incidente, se desconoce quién podría responder a los afectados.