El Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Martínez de la Torre perteneciente al Distrito Judicial de Misantla presenta un evidente y alarmante rezago que podría derivar en una responsabilidad administrativa.
Durante una visita extraordinaria realizada por el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial, se encontró un rezago de 310 procesos que no se han diligenciado.
El Juzgado a cargo de Mario Vivanco Gastelum, que fue electo el 1° de junio del año pasado, presenta serias irregularidades que, de no solventarse, se aplicará una multa de 11 mil 731 pesos (100 UMAS) que podrá duplicarse o triplicarse hasta alcanzar los 234 mil 620 pesos (2 mil UMAS) en caso de renuencia.
El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial sesionó para requerir al titular del Juzgado y al actuario judicial, César Antolín Díaz Hernández, para que tomen las acciones pertinentes para abatir dicho rezago en un plazo de 30 días hábiles contados, a partir del siguiente día de que surta efecto la notificación.
Se dio a conocer que los visitadores encontraron que los Libros de Gobierno cumplen parcialmente con los requisitos del Reglamento del extinto Consejo de la Judicatura, ya que la mayor parte se encuentra sin las anotaciones del estado procesal que guardan los expedientes y en su mayoría carecen de certificaciones de apertura y/o cierre.
No obran en los archivos, los libros de remisión del Juez de Control al Juez de Juicio y de revisión de Juez de Juicio al Juez de Ejecución.
Además, el Juzgado no cuenta con un espacio destinado para el archivo, por lo que cada oficial administrativo resguarda sus expedientes activos, mientas que los asuntos concluidos se encuentran en una de las Salas de Juicios Orales, que no se utiliza por falta de una cámara, por lo que de las dos salas de audiencias sólo funciona una con una sola cámara.
Recibidos los informes con la documentación comprobatoria se dará cuenta al Pleno del TDJ para que determine lo que a derecho corresponda en el entendido que, de continuar el rezago, se ordenará una investigación de oficio a los servidores públicos involucrados.