Detectan desfalco millonario en Club Britania Xalapa; socios exigen claridad

Un presunto desfalco financiero por más de 7.5 millones de pesos ha provocado indignación y desconcierto entre los socios del Club Britania Xalapa, tras la reciente publicación de un informe colocado en las instalaciones del recinto por el actual Consejo de Administración, encabezado por Gerardo Rafael Garza Dávila, actual contralor del OPLE Veracruz.

El domingo 15 de junio, la administración difundió públicamente –a través de lonas colocadas en el acceso principal del club– que la institución atraviesa un importante déficit económico, atribuido a prácticas financieras inadecuadas por parte de administraciones anteriores.

El informe oficial indica que el déficit operativo detectado asciende a 4 millones 818 mil pesos, producto de pasivos heredados, el uso anticipado de cuotas correspondientes al mes de diciembre de 2024 y pagos fiscales postergados. No obstante, el gran total acumulado de pasivos heredados y contingencias financieras asciende a 7 millones 554 mil 315.53 pesos, según la documentación interna compartida por el Consejo.



A pesar de la magnitud del adeudo, hasta el momento no se ha presentado denuncia legal alguna contra quienes pudieran resultar responsables. Lo anterior ha generado molestia entre un sector de socios, quienes cuestionan la falta de acciones jurídicas y la propuesta de resolver el déficit mediante una cuota extraordinaria, sin garantizar la viabilidad de las finanzas ni detallar el destino preciso de los recursos faltantes.

El expresidente del Consejo de Administración, Wilki Sánchez Sánchez, desmintió haber dejado deudas pendientes y aseguró que entregó los estados financieros en regla al finalizar su periodo. Aunado a ello, se ha hecho público que fue él quien propuso a Gerardo Garza como presidente para el periodo actual, lo que ha añadido complejidad al conflicto.

Fuentes internas señalan que hay un descontento generalizado, no sólo por la situación financiera sino por lo que consideran decisiones unilaterales y actos de acoso laboral que estarían afectando tanto a socios como a trabajadores del club.



El Consejo de Administración argumenta que, además del arrastre de malas prácticas administrativas, la inflación acumulada y el aumento al salario mínimo en los últimos 3 años –estimado en más del 50 por ciento– han deteriorado la capacidad operativa del club. También indican que las cuotas de mantenimiento son actualmente las más bajas de la región, lo que compromete la calidad de los servicios y la conservación de las instalaciones.

Diversos socios han solicitado transparencia inmediata, rendición de cuentas pública y la intervención de instancias legales si procede. Exigen que se esclarezca el origen del déficit, se deslinden responsabilidades y se detenga cualquier intento de trasladar la carga financiera a los usuarios sin procesos claros de auditoría o fiscalización. Hasta el momento, el Consejo no ha convocado a una asamblea informativa extraordinaria ni ha emitido un comunicado más allá de las lonas colocadas el fin de semana.