Luego de la revisión realizada en la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPyP) se detectó la entrega de manera indiscriminada de tomas de nota o registros a organizaciones sindicales que no cumplen con los requisitos establecidos por la ley, así como un rezago impresionante de juicios laborales de 19 mil juicios que están pendientes desde 1999 a la fecha.
Esto lo aseguró su titular Silvia Edith Mota Herrera, al ser entrevistada luego de sostener una reunión con las federaciones y sindicatos del estado de Veracruz afiliados a la Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), para manifestarle su respaldo a las acciones que en materia laboral emprenderá el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.
Dio a conocer que en la revisión de la estructura de la dependencia se detectó el grave rezago de estos juicios “que no atendieron en ningún momento, puesto que los secretarios que fueron designados en su momento en esta Secretaría no tenían el perfil para ocupar el caro”.
Recordó que uno de los secretarios era penalista, el que suplió Gabriel Deantes, que “fue bastante difícil por todos sus antecedentes, era contador, realmente no tenían el conocimiento de la materia y para mí no reunían el perfil para estar aquí, y tuvieron en el abandono total a las Juntas y eso implicó que se tuviera este rezago tan impresionante”.
Señaló que para abatir este rezago, el personal de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje tendrá que trabajar a marchas forzadas, porque tampoco hay recursos económicos para poder ampliar la planta de trabajadores, porque por la situación que se padece, hay que cuidar el presupuesto.
Reiteró que el rezago se tiene desde 1999, “casi de cuando yo salí de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, que nosotros vigilamos, cuidamos y le dábamos la atención a las Juntas en su momento, porque de ahí dependen que cuando despidan a un trabajador tengan la resolución lo más rápido posible y que el patrón no tenga un decremento por el pasivo laboral en sus empresas”.
Manifestó que algunos de los juicios que están pendientes de resolverse son despidos, reparto de utilidades o de seguridad social ―que más bien es facultad de la Junta Federal el resolverlos―, lo cual implica un costo para las empresas, porque muchos de esos juicios se dieron antes de la reforma laboral local, porque de 2010 a la fecha, sólo se cubren los salarios caídos de un año, pero en este caso los salarios caídos se computan por todo el tiempo.
“Vamos a implementar acciones para tratar de abatir el rezago y sacar todos estos asuntos, revisarlos y llevar a cabo conciliaciones para terminar estos juicios lo más pronto posible y evitar el daño patrimonial a las empresas y que los trabajadores vean la solución a sus conflictos que están teniendo”, añadió.
Entregan registro y tomas de notas a sindicatos sin cumplir requisitos
Por cuanto hace a la entrega de los registros o tomas de nota a organizaciones sindicales que no cumplieron los requisitos para ello, la responsable de la política laboral del Estado, dio a conocer que esta situación se presentó en los últimos seis meses y puso como ejemplo el otorgado a un Sindicato de Profesionistas para la Productividad.
Reconoció que el hecho de dar registros a diestra y siniestra a este tipo de organizaciones, causarán inestabilidad laboral, “porque obviamente esto provocará emplazamientos a huelga en empresas donde existen contratos colectivos y eso provoca inestabilidad”.
Mencionó que en el periodo de cuatro a seis meses de la administración estatal que acaba de concluir, se otorgaron unos 115 registros y tomas de nota a igual número de sindicatos “que ni siquiera reúnen los requisitos, porque algunos de ellos no son considerados como sindicatos de empresas o sindicatos de gremio, sino simplemente profesionistas que no tienen un logro dentro de la ley laboral”.
En ese sentido, dijo por último que se tendrá que actuar conforme a derecho y dependerán las acciones que cada quien invoque o presente ante esta Secretaría.
“Es lo único que podemos hacer y con el tiempo se irán regularizando, y conforme las organizaciones sindicales nos pidan que actuemos, de otra manera no nos queda más que esperar a que se den las acciones legales que cada quien correspondan”, concluyó.