Un testigo protegido que acusa al reportero Rafael “N” Segovia de recibir dinero del narcotráfico, es lo que lo mantendría tras las rejas, reveló su hijo Gardiel Josué León Oropeza. Ante ello, el joven calificó las imputaciones como infundadas y una amenaza a la libertad de expresión.
León Oropeza, quien se identificó como trabajador de una empresa petrolera en plataforma y como hijo del periodista conocido como “Lafita León”, aseguró que la detención de su padre ocurrió la mañana del 25 de diciembre, alrededor de las 8:55 horas, en las inmediaciones de su domicilio. Según su versión, a su progenitor se le atribuyen delitos relacionados con “terrorismo”, debido a la naturaleza de su labor periodística, lo cual –dijo– es “totalmente injusto y una distorsión de su ejercicio profesional”.
Señaló irregularidades durante la detención, entre ellas la retención de un vehículo que, afirmó, ya no pertenece a su padre, así como dinero que habría sido señalado durante una audiencia. En un diálogo con medios, mencionó que, aunque en un video y audios se habló de 43 mil pesos, al acudir a la Fiscalía únicamente le fue entregada una cantidad menor, sin registro formal en el expediente; testimonios que calificó como contradictorios y carentes de pruebas claras.
El hijo del periodista detalló que la defensa legal ha solicitado la revelación de la identidad del supuesto testigo protegido que acusa a su padre de recibir dinero del narcotráfico, recurso que, sostuvo, fue negado por las autoridades bajo el argumento de garantías para esa persona. Esta situación, según León Oropeza, impide conocer con precisión los cargos y la evidencia en contra de su padre.
Respecto a la acusación de terrorismo, Gardiel Josué afirmó que su padre nunca ha estado vinculado a actos violentos y que su labor informativa no constituye un delito ni genera pánico de forma intencional. Subrayó que la Fiscalía no ha presentado evidencia pública que respalde estas imputaciones y expresó preocupación por la falta de transparencia en el proceso legal.
León Oropeza también compartió su temor de que el caso represente un ataque más amplio a la libertad de expresión en México, donde la violencia contra periodistas es una problemática persistente y documentada.
El entrevistado manifestó que, ante estas circunstancias, él y su familia afrontan con preocupación el proceso legal, al tiempo que rechazan categóricamente las imputaciones y exigen que se garantice un debido proceso con transparencia.