De forma ilegal y arbitraria, siete reporteros de diversos medios de comunicación fueron privados de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la madrugada de este sábado, pero lo más deleznable es que el gobierno de Veracruz difundió una presunta versión oficial en donde define que se les detuvo por beber bebidas embriagantes, cuando ello no está prohibido si es que se cuida no alterar el orden público.
Víctor Yáñez, Carlos Navarrete, Roberto Méndez, José Juan García, Víctor Ochoa, Alejandro Ávila y Horacio Zamora fueron ilegalmente detenidos y trasladados al módulo preventivo de 72 horas conocido como "El Penalito" de Playa Linda.
Los reporteros, fotógrafos y camarógrafos se encontraban en el bulevar Manuel Ávila Camacho, entre Emiliano Zapata y Mariano Escobedo, cuando un convoy de policías navales y estatales los detuvo sólo porque convivían en el lugar.
Tras la audiencia de la extitular del Instituto de Espacios Educativos, Xóchitl Tress, decidieron ir por un kilo de carne para tacos y unas cervezas.
Sin embargo, bajo el argumento de "beber en la vía pública" los uniformados se llevaron a los representantes de los diversos medios de comunicación, pese a que el bulevar es una zona de tolerancia siempre y cuando no se rompan las reglas de convivencia ni las leyes del buen gobierno, cosa que ninguno de ellos realizó en ningún momento.
Uno de ellos consideró que la detención se dio porque algunos bebían una cerveza y convivían cerca de donde se realizaba un operativo contra motos.
Pese a no haber cometido ninguna falta administrativa, roto alguna ley o ser sorprendido en estado inconveniente, fueron trasladados en una patrulla a las instalaciones de la policía naval en Playa Linda.
El reportero Roberto Méndez regresaba de cenar cuando los uniformados lo detuvieron sin siquiera haberlo sorprendido con una cerveza en la mano o el aliento alcohólico, hecho que agrava aún más las arbitrarias detenciones.
De acuerdo a la información proporcionada por otros compañeros reporteros que acudieron a conocer la situación, el personal de Playa Linda y elementos de la Policía Naval, Policía Estatal y la dirección general de Prevención y Readaptación Social, solicitaron ocho mil pesos por cada uno de los siete comunicadores para ser puestos en libertad.
Este día se da a conocer una carta dirigida al secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza y a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez; para condenar la privación ilegal y violación de las garantías individuales no sólo de los reporteros, sino de los ciudadanos que en ese momento también fueron privados de su libertad bajo el pretexto de "alterar el orden público".