Una investigación iniciada en Veracruz por la presunta sustracción de una niña de nueve años derivó este jueves en la detención de una mujer en la ciudad de Tijuana, Baja California, cuando aparentemente buscaba cruzar hacia Estados Unidos. La acción fue resultado de un operativo coordinado entre agentes de la Policía Ministerial adscritos al Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) de Xalapa y autoridades ministeriales de Baja California.
La detenida, identificada como Alejandra “N”, enfrenta una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de maltrato infantil y retención de menores, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades. Tras su aseguramiento, comenzó su traslado a Veracruz, donde será presentada ante un juez de control.
Las indagatorias apuntan a que los hechos ocurrieron durante mayo de este año. Según la carpeta de investigación, la mujer presuntamente retiró a su hija, una menor de nueve años cuya identidad permanece reservada, de un domicilio ubicado en la calle Ciprés número 16, en la colonia Los Pinos, dentro de la zona de Las Ánimas, en Xalapa.
La investigación sostiene que el traslado de la menor ocurrió pese a que existía una resolución judicial que prohibía sacarla de la capital veracruzana. Esa medida había sido emitida previamente por una autoridad competente y, presuntamente, no fue acatada.
A partir de ese momento, las corporaciones de seguridad difundieron la información de búsqueda en entidades fronterizas, al considerar la posibilidad de que madre e hija intentaran salir del territorio nacional.
La localización ocurrió en Tijuana, donde agentes ministeriales de Veracruz trabajaron en conjunto con sus homólogos de Baja California para interceptar a la mujer antes de que, presuntamente, concretara el cruce hacia la Unión Americana.
Las autoridades confirmaron que, una vez ejecutada la orden de aprehensión, Alejandra “N” quedó bajo custodia para ser trasladada a Veracruz. Será presentada ante el juez de control con sede en Pacho Viejo, quien determinará en las próximas horas su situación jurídica con base en los datos de prueba reunidos por la investigación.
El caso permanece abierto y continuará su curso conforme al debido proceso. Mientras no exista una sentencia firme, la imputada mantiene la presunción de inocencia establecida por la legislación mexicana.