Diputados de Veracruz echan para atrás creación de Fiscalía Anticorrupción autónoma

Pese a que ya está listo el dictamen que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que crea la Fiscalía Anticorrupción y desaparece a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no se incluyó en el orden del día de la última sesión ordinaria del Congreso del Estado.

El lunes de esta semana los integrantes de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, diputado Genaro Ibáñez y las diputadas Rosalinda Galindo Silva y Ruth Callejas Roldán, presidente, secretaria y vocal, respectivamente, sostuvieron una sesión de trabajo para firmar el dictamen.

Se contemplaba que durante la sesión plenaria de este miércoles se sometiera a votación dicho dictamen, cuya iniciativa fue presentada por la legisladora Janix Liliana Castro Muñoz, apenas el pasado 23 de este mes. La referida comisión elaboró el dictamen "fast track", pues en solo seis días analizó la serie de modificaciones a la Ley Orgánica de la FGE, que dan autonomía e independencia plenas en el ejercicio de las funciones a la Fiscalía Anticorrupción.

Ahora, la Diputación Permanente conducirá los trabajos legislativos en los últimos tres meses que el quedan de ejercicio constitucional al Congreso del Estado y se estará a la espera de que convoque a un periodo extraordinario de sesiones para la aprobación del dictamen, de lo contrario, será otra iniciativa que quedará en la congeladora.

En el dictamen se señala que entre las nuevas atribuciones que tendrá la nueva Fiscalía Anticorrupción, que suplirá la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es la competencia exclusiva para investigar y judicializar los delitos por hechos de corrupción y para ello, podrá coordinarse con la Fiscalía General del Estado.

El dictamen que contiene la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, presentada por diputada Janix Liliana Castro Muñoz y que el Congreso del Estadio aprueba este miércoles, también contempla el nombramiento de un nuevo fiscal anticorrupción.

Una vez que se apruebe el dictamen y cobre vigencia, la actual Legislatura contará con un plazo de 30 días para emitir la convocatoria para elegir a un nuevo fiscal anticorrupción, que sustituirá a Clementina Salazar Cruz, que está en funciones desde el año 2022 a propuesta del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Además, la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción contarán con un plazo de 60 días naturales, a partir de que se publique en la Gaceta Oficial las modificaciones de ley, para realizar las adecuaciones reglamentarias correspondientes. Los recursos materiales, humanos y financieros presupuestados para la fiscalía especializada de combate a la corrupción, pasarán a formar parte de la estructura de la Fiscalía Anticorrupción.

Con la reforma se dota de autonomía e independencia plena a la Fiscalía Anticorrupción, a tal grado que la persona titular de la Fiscalía General podrá expedir nombramientos, cambios de adscripción, conceder licencia y aceptar renuncias, poder separar, remover, dar de baja o cesar a personal de confianza de la FGE, “con excepción del personal que integra la Fiscalía Anticorrupción”.

La nueva Fiscalía tendrá autonomía administrativa, técnica, de gestión y decisión para emitir sus propias determinaciones en los asuntos puesto a su conocimiento, sin necesidad de recurrir a recomendación u opinión de un agente externo.

Y entre las atribuciones que tendrá la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción está la de ejercer la facultad de atracción de las investigaciones que se practiquen en cualquier Unidad Integral de Procuración de Justicia, Unidad de Atención Temprana o Agencia del Ministerio Público o fiscalía dependiente de la Fiscalía General del Estado, que sean de su competencia entre otras.

El fiscal podrá ordenar el aseguramiento de bienes propiedad del imputado, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, dueño beneficiario o beneficiario controlador, cuyo valor equivalga al producto, los instrumentos u objetos del hecho delictivo, cuando éstos hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al imputado.

Promoverá la extinción de dominio de los bienes de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, dueños beneficiarios o beneficiarios controladores, cuyo valor equivalga a los bienes desaparecidos o no localizados por causas atribuibles al imputado o sentenciado, cuando estos bienes estén relacionados con hechos en materia de corrupción, que sean susceptibles de la acción de extinción de dominio.

Autorizar el criterio de oportunidad, abstención de investigar y archivo temporal; acordar y autorizar, cuando proceda, la propuesta de los Fiscales de su adscripción, la determinación de no ejercicio de la acción penal, previo estudio técnico jurídico de la carpeta de investigación.