Dirección de Verificación Vehicular de SEFIPLAN se dedica a extorsionar Verificentros

Concesionarios de verificentros en Veracruz denunciaron ante el Gobierno estatal una presunta red de extorsión y cobros indebidos que, aseguran, involucra a servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La agrupación “Verificentros de Veracruz Unidos” presentó el pasado 19 de agosto un escrito dirigido a la gobernadora Rocío Nahle García, con copia al titular de SEFIPLAN, Miguel Santiago Reyes Hernández, así como al Órgano Interno de Control de la dependencia.

En la denuncia, los empresarios solicitaron una intervención urgente para investigar lo que calificaron como una serie de irregularidades que incluirían amenazas de clausura, inspecciones y restricciones para adquirir papelería oficial indispensable para la operación de los establecimientos.

Según la relatoría presentada por los concesionarios, los problemas comenzaron después de la creación de la Dirección General de Verificación Vehicular dentro de la estructura de SEFIPLAN. Los empresarios señalaron directamente a la titular del área, Paola Elizabeth López Chávez, de haber sostenido reuniones con concesionarios en las que presuntamente se les habría advertido sobre posibles clausuras de establecimientos.

Posteriormente, de acuerdo con el documento, un servidor público identificado como Jesús Serrato habría contactado a los propietarios de los 135 verificentros que operan en la entidad para establecer supuestas condiciones de funcionamiento. Los denunciantes aseguran que inicialmente se les habría solicitado una cuota mensual de 5 mil pesos, cantidad que posteriormente habría aumentado a 10 mil y finalmente hasta 15 mil pesos.

La acusación sostiene que quienes no aceptaran entregar el dinero enfrentarían problemas para obtener hologramas y formas valoradas necesarias para continuar con sus actividades. Los concesionarios también señalaron que se habrían utilizado distintos mecanismos para realizar las presuntas entregas de dinero, entre ellos retiros sin tarjeta y depósitos en tiendas de conveniencia.
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En el escrito entregado a la autoridad estatal, los empresarios afirmaron que algunos de los concesionarios que rechazaron los pagos comenzaron a enfrentar presuntas represalias. Entre ellas mencionaron dificultades para adquirir engomados, además de inspecciones que, según su versión, habrían tenido como finalidad presionarlos para suspender sus actividades.

Los denunciantes también señalaron una presunta participación coordinada de personal de SEFIPLAN y de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA). La agrupación sostuvo que decidió acudir directamente ante el Poder Ejecutivo estatal para solicitar que se investiguen los hechos y se determinen responsabilidades, tanto administrativas como penales, en caso de acreditarse las conductas denunciadas.

Los concesionarios afirmaron contar con documentación que podría respaldar sus señalamientos, entre ella fichas de depósito, datos de cuentas, capturas de conversaciones y grabaciones. Advirtieron que dicho material podría ser presentado ante las autoridades competentes para sustentar las acusaciones y pidieron que se garantice la continuidad de sus establecimientos sin condicionamientos ni cobros ajenos a la normatividad.