Director del IPE critica reforma a pensiones; impactará en finanzas de Veracruz

El director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Hilario Barcelata Chávez, aseveró que las reformas a la Ley que rige a este organismo aprobadas la semana pasada por los diputados del Congreso del Estado deben de someterse a revisión.

Lo anterior ya que los cambios a la Ley 287 significarán una carga que puede resultar “excesiva” para las finanzas del Estado, la cual se estima hasta el momento en unos 2 mil 700 millones de pesos anuales, solo para cubrir algunos de los beneficios que obtendrían los trabajadores.

Recordó que tan sólo este 2018 el Gobierno del Estado aportó 2 mil 200 millones de pesos para cubrir el déficit financiero del IPE, es decir, que si la reforma entra en vigor el Gobierno estatal tendría que aportar al menos 4 mil 900 millones de pesos anuales.



Por lo anterior el director se sumó a la postura del titular del Ejecutivo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien anunció que sometería a análisis el proyecto avalado por los legisladores el jueves pasado.

Refirió que el mandatario le instruyó realizar un estudio actuarial del impacto de la reforma, aunque por Ley el Congreso debía solicitar previamente ese análisis a la Secretaría de Finanzas y Planeación antes de someter a votación del pleno el dictamen.

“Por procedimiento Legislativo la reforma tendrá que llegar al Ejecutivo, para que el gobernador pueda expresarse de manera oficial respecto de los cambios a la Ley del IPE y enviar en su caso las observaciones que correspondan, hasta entonces se verá lo que procede en este tema (…).



“Lo que sí puedo decir es que es una Ley que compromete bastante los recursos del Estado y que de quedarse así atentaría de manera riesgosa contra su estabilidad financiera; lo ideal es que se someta a revisión al menos, mostrar las observaciones y ponerlas a consideración del Congreso”, consideró.

Aseveró que la estimación de los casi 5 mil millones de pesos que necesitaría el Instituto ni siquiera considera beneficios como el otorgamiento de los créditos hipotecarios que también se incluyeron con la reforma, advirtiendo que en este momento el Instituto carece de un fondo para poder financiar las viviendas.

“Hay un fondo para créditos de corto y mediano plazo, entonces pretender que el IPE otorgue créditos para la vivienda será cargarle montos mayores a los que ya se otorgan a la fecha, del tamaño que fuera se necesitarían fondos adicionales.



“Esto ya que los fondos actuales para los préstamos no son suficientes; la Ley no indica de dónde se estarían obteniendo los fondos y no prevé que los derechohabientes contribuyan más para crear el fondo para vivienda, lo que dejaría al Instituto en un problema serio”, proyectó.

Barcelata Chávez argumentó que para hacer una ampliación al subsidio del gobierno del Estado se tendrían que tomar recursos de otras partidas, “tal vez los recursos que se destinan a clínicas, hospitales, carreteras o escuelas”, pues con los cambios se obliga al IPE a cubrir el déficit para pagar las pensiones.

Por lo anterior mencionó que el proyecto va en contra de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que plantea en su artículo 16 que todo proyecto de Ley o decreto que sea sometido a una Legislatura local deberá de incluir una estimación del impacto presupuestario.



“Hasta donde sé este documento no fue presentado, porque el Ejecutivo es quien debe de elaborarlo por conducto de la Secretaría de Finanzas, es decir que esta dependencia debe de revisar el impacto presupuestario (…).

“El Congreso debió de solicitar al gobernador que instruyera a la Secretaría de Finanzas a hacer ese análisis, ya con eso este documento tendría que haberse incluido en el dictamen para ser sometido a votación”.

En ese sentido el director del IPE justificó que no intervinieron en el proceso de elaboración de la reforma debido a que no fueron invitados formalmente por parte del Congreso del Estado, pues solo les llegaron invitaciones de la comisión especial para atender la problemática del organismo.



“Las invitaciones fueron para asistir a foros de debate, de trabajo o de análisis, pero estas invitaciones no cumplen el requisito que señala la Ley, pues esta señala un mensaje formal de la Legislatura al Poder Ejecutivo que debe de autorizar, sin embargo el gobernador nunca recibió una solicitud de esa naturaleza”.

Finalmente detalló que la principal problemática de la reforma es que modifica los límites de edad para recibir una pensión, tanto de viudez como de jubilación.

“Al eliminar esos límites lo que está sucediendo es que la persona que se pensione, por ejemplo en el caso de quienes estén bajo el régimen de la Ley número 5, podrían jubilarse a menor edad de lo que señala la Ley actual.



“Ese tipo de modificaciones tendrían un impacto financiero, pues se trata de una cantidad de gente importante que estaría ahora recibiendo beneficios más amplios, lo que generará un mayor gasto. Sin embargo, las cuotas y aportaciones no son suficientes generando un déficit mucho mayor”, proyectó.

Finalmente observó que a lo anterior se suman los casi 8 mil millones de pesos que adeuda el gobierno estatal, monto generado en las administraciones anteriores.

“Ante la insuficiencia presupuestal vale la pena reflexionar si se ratifica esa iniciativa de reforma o de plano se echa para atrás”, concluyó Barcelata Chávez.