Duda razonable, Presunto culpable: Sistema judicial en México es “fábrica de criminales”

La confiabilidad del sistema de justicia en el país se ha puesto nuevamente en entredicho tras el estreno del documental “Duda razonable. Historia de dos secuestros”, que exhibe el riesgo de ser acusado injustamente en México; sin embargo, se trata de un problema visibilizado en DefiendeTV.

En el caso de Veracruz, a través de TeleClic.tv, juristas señalaron las razones para creer que las fiscalías se han convertido en “fábricas de criminales” al responder a intereses alejados de la justicia, con una autonomía que no se ejerce y ante un sistema penal en el que alguien señalado es automáticamente estigmatizado como criminal.



Bajo la moderación de Roberto Mercado, los abogados panelistas Salvador Martínez y Martínez y el magistrado Raúl Pimentel en 2019 abordaron el papel de las fiscalías y el ejercicio de su autonomía.

El abogado Salvador Martínez y Martínez recordó el “Presunto Culpable”, cuyo director Roberto Hernández planteó el peligro de ser acusado injustamente, añadiendo que quien es detenido tiene una marca incluso antes de ser juzgado.



“Es una marca que se le pone a las personas una vez que las detienen y trae como consecuencia casi siempre la prisión preventiva, supuestamente una medida cautelar pero es un pena que se aplica antes de juicio y nos encontramos con que los sujetos todavía ni siquiera han sido procesados pero ya les llamamos criminales”.

Por ello, advirtió que las fiscalías, las policías, fabrican criminales en el sentido de que estigmatizan a las personas que señalan y detienen como tales, por lo que dijo los jueces necesitan tomar actitudes muchos más firmes para poder revisar qué es lo que les entregan.

“La sociedad percibe que los jueces le tienen miedo a la policía, tenemos algunos jueces valientes pero tenemos que andarnos cuidado en este terreno (…) Sí es una fábrica de criminales, porque hay una idea equivocada, se piensa que los legisladores hacen las leyes, que los jueces las aplican y que las autoridades administrativas las ejecutan pero resulta que las cosas son al revés. En el mundo real nos encontramos con que los que deciden dentro de la gama inmensa de delitos penales, son los policías o los agentes del MP, ellos son los seleccionan a quienes van a señalar y cuando detienen a una persona, inmediatamente todo el mundo la califica de un criminal”.



Por su parte, el magistrado Raúl Pimentel Murrieta señaló que si bien las leyes han sido creadas con un espíritu de bondad, no se quita el matiz político que se tienen y que en el caso de Veracruz como en otros Estados, la autonomía de la Fiscalía no se ejerce.

Ejemplificó que Luis Ángel Bravo fue el primer fiscal autónomo en Veracruz, con patrimonio propio, incluso dos helicópteros le asignó el Ejecutivo “pero nadie dudaba que estaba vinculado e impuesto por el gobernador Javier Duarte. Esa autonomía era meramente de papel”.

Al llegar un nuevo gobierno, se designó a un nuevo fiscal igualmente cercano al gobernador en turno, en este caso Miguel Ángel Yunes Linares, con lo cual la autonomía tampoco se ejerció.



“Viene un gobierno contrario y le dice ‘te tienes que ir’ porque no comulga con sus ideas, finalmente lo quitan y ponen a otro pero cómo se puede decir que es autónomo cuando precisamente era producto de un interés gubernamental y una manipulación de partidos. Con el cambio de Gobierno dicen que el nuevo fiscal tampoco encaja con el sistema actual y lo vimos cuando el Gobernador dijo en reiteradas ocasiones dijo que no investiga, que no lo ayuda”.

Detalló que en general, con el entonces gobernador Javier Duarte se metió a la cárcel a distintas personas bajo intereses más gubernamentales que fiscalistas y que con el cambio ocurrió exactamente lo mismo.



“El gran problema no es la autonomía porque el hecho es que no la han ejercido”.

Además, consideró que las fiscalías son fábricas de delincuentes porque ante la finalidad del nuevo sistema penal de despresurizar las prisiones, se buscó que los delitos con prisión preventiva oficiosa fueran un número mínimos pero ahora los fiscales imputan delitos que ameriten prisión preventiva, ya sea que esté justificado o no.

“Lo que hacen los fiscales es decir ’yo sé que el señor cometió fraude pero con ese delito va a salir, entonces le pongo ese y el de delincuencia organizada’ y bajo esa situación está el caso de Javier Duarte, sino hubiera salido en libertad. Piensan ‘aunque se la quiten después pero mientras ya dimos la idea ante la sociedad de que delincuentes de alta peligrosidad ahí se quedan”.



Hay que recordar que en el nuevo documental del director Roberto Hernández, se sigue el caso de Gonzalo, un hombre acusado de secuestro tras participar en un accidente de tránsito en Tabasco durante el 2015. En medios de comunicación incluso internacionales se ha señalado lo común de estos casos y la ineficacia del sistema de justicia penal en el país.

El choque narrado en el documental se registró en

Ciudad Pemex a plena luz de día y fue grabado por muchas cámaras de videovigilancia, una de las personas acusó a las demás de secuestro.

La historia cuenta cómo tras ser detenidos, cuatro personas fueron torturados, liberados y posteriormente rehaprendidos para ser acusados de otro secuestro, sin contar con evidencia de su participación.

Uno de ellos logró salir en libertad tiempo después pero los otros tres fueron condenados a 50 años de prisión, a pesar de que había inconsistencias en los testimonios de quienes los acusaron, signos de que fueron torturados durante su arresto y sin haber pruebas contundentes en su contra.