Eduardo de la Torre lleva al INE queja por omisión a legislar revocación en Veracruz

La falta de legislación en Veracruz para aplicar la revocación de mandato ya escaló al ámbito nacional. El abogado y exdiputado federal Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo solicitó formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) intervenir ante la omisión del Congreso local que desde hace más de 4 años mantiene sin regulación este mecanismo de control ciudadano sobre el poder público.

La petición fue dirigida a la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei Zavala, con el argumento de que el Poder Legislativo estatal ha incumplido de manera reiterada con la obligación constitucional de emitir la legislación secundaria que permita activar este derecho político.

En el documento se sostiene que la ausencia de normas para la revocación de mandato no es un simple rezago legislativo, sino una omisión sistemática que en los hechos impide a la ciudadanía ejercer un mecanismo democrático reconocido en la Constitución federal y en tratados internacionales.



El promovente recuerda que el artículo 35 de la Constitución reconoce el derecho de la ciudadanía a participar en procesos de revocación de mandato, por lo que las autoridades están obligadas a garantizar su aplicación efectiva y no a bloquearla mediante la falta de regulación.

La controversia comenzó en febrero de 2025, cuando De la Torre Jaramillo presentó un juicio ante el Tribunal Electoral de Veracruz para denunciar la omisión legislativa. El Tribunal ordenó al Congreso emitir la legislación correspondiente con fecha límite al 1° de abril de ese año; sin embargo, la norma nunca fue aprobada.

El caso llegó después a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en diciembre de 2025 revocó una resolución del tribunal local y confirmó que el Congreso veracruzano no había cumplido con su obligación de legislar en la materia.



Pese a ello, la legislación sigue sin existir. Incluso, el escrito señala que autoridades del propio Congreso han expresado públicamente que no legislarán de inmediato sobre la revocación de mandato, argumentando supuestas dudas sobre el marco federal.

Ante este escenario, la solicitud plantea que el Consejo General del INE analice ejercer su facultad de atracción para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía veracruzana, incluso mediante la aplicación supletoria de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El planteamiento incluye que, en caso de implementarse el mecanismo, la jornada de votación se realice el primer domingo de junio de 2027, con el fin de establecer una fecha clara que permita organizar el procedimiento con certeza jurídica y promover la participación ciudadana.



El promovente advierte que permitir que la falta de legislación continúe implicaría validar una restricción indebida a los derechos políticos de la población, por lo que pidió al órgano electoral nacional intervenir para garantizar que la revocación de mandato pueda ejercerse en Veracruz.

Como antecedente de esta lucha jurídica y ciudadana, el 10 de noviembre de 2025 Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo entregó en el Congreso del Estado un paquete de 10 mil 302 firmas de ciudadanos veracruzanos que respaldaban la exigencia de emitir la Ley secundaria de revocación de mandato.

La recolección de firmas se realizó durante 19 días mediante jornadas públicas y plataformas digitales, con el objetivo de cumplir con el requisito constitucional de respaldo ciudadano equivalente al 3 por ciento de la lista nominal estatal, que en ese momento representaba al menos 7 mil 905 firmas.



La meta fue superada por más de 2 mil apoyos adicionales, lo que, de acuerdo con el promovente, evidenciaba el interés ciudadano por contar con un mecanismo de control democrático sobre el ejercicio del poder público.

Junto con las firmas, De la Torre Jaramillo presentó ante el Poder Legislativo una iniciativa ciudadana completa para crear la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Veracruz, integrada por 62 artículos, con la finalidad de eliminar cualquier argumento de falta de propuesta normativa por parte de los diputados.

Desde entonces, el exdiputado federal y abogado ha impulsado diversas acciones legales y ciudadanas para exigir la implementación de este mecanismo, incluyendo juicios electorales, impugnaciones ante tribunales y la reciente solicitud dirigida al Instituto Nacional Electoral para que analice intervenir ante la persistente omisión legislativa del Congreso veracruzano.