El liderazgo que la UV necesita (IV)

La Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana (UV) de 1996 incorporó adaptaciones estructurales y procedimentales que ya estaban en operación en otras instituciones autónomas del país y también, aportó algunas innovaciones visionarias dentro del sistema universitario nacional. Una de ellas tuvo que ver con la rendición de cuentas. En lugar de mantener las labores de contraloría como responsabilidad de la propia administración universitaria, dicha tarea se trasladó a la Junta de Gobierno, instancia independiente encargada de cuidar y preservar el patrimonio universitario, entre otras importantes atribuciones.

La lógica con la que se pretende justificar a las contralorías adscritas a las estructuras administrativas es que la revisión de la validez y confiabilidad de su trabajo se garantiza mediante la supervisión de comisiones ad hoc de los consejos universitarios, instancias que representan la máxima autoridad colegiada de las instituciones autónomas. Pero lo que complica ese procedimiento es que un consejo universitario que se reune una o máximo dos veces al año no puede realizar cabalmente la revisión contable propia del esfuerzo fiscalizador, con todo y que cuenten con el apoyo de “comisiones permanentes”. Se trata de una tarea procedimental que implica alta especialización y acreditación.

Y aunque la contraloría interna puede recurrir a despachos certificados, siempre se presentará un posible conflicto de intereses porque el trabajo confiable de ambas instancias puede estar supeditado a los contratos y remuneraciones que le otorga la administración fiscalizada. Ello ha derivado en irregularidades que han sido reportadas en varias universidades, como fue el caso de la “Estafa Maestra” y en el que la Universidad Veracruzana no participó.



Es difícil encontrar una explicación lógica a la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica que la Legislatura estatal ha mantenido en reserva desde hace tiempo, y en la que se pretende regresar la Contraloría a la administración universitaria. También resulta disfuncional que proponga recargar el trabajo del Consejo General Universitario con una larga lista de asuntos que corresponden a la labor estratégica cotidiana del resto de los órganos colegiados y a decisiones operativas en toda la gama de las funciones sustantivas.

El marco de referencia integral de la operación universitaria es el plan institucional, los programas operativos anuales y los presupuestos autorizados. Por cierto, hoy en día todos los procesos administrativos y sus resultados pueden ser objeto de revisión en tiempo real mediante sistemas de información digital de última generación. Al estar a la vista de cada entidad o dependencia, permite que tengan en pantalla su respectiva programación presupuestal, que ejerzan sus recursos directamente con base en el calendario previamente aprobado y que sean auditables en cualquier momento, conforme a las normas de transparencia y austeridad establecidas.

La centralización y, por ende, la obstaculización del ejercicio presupuestal de las entidades universitarias mediante interminables trámites y autorizaciones casuísticas por parte de las administraciones centrales impone un freno inaceptable al funcionamiento de lo académico y un poder indeseable en la administración. Por ello es que resultó extraño que la directiva universitaria intentara agendar de nuevo en la reunión del pasado mes de mayo del Consejo General Universitario, el tema de la revisión de la Ley Orgánica para “armonizarla con la Ley General de Educación Superior”.



Como se sabe y por fortuna, la Junta de Gobierno aconsejó la cautela necesaria dada la proximidad de la fecha en que concluirá el actual periodo rectoral. Queda la incógnita sobre la razón de ese afán, dado que podría significar que aún persiste la convicción entre algunos directivos universitarios de que es preferible regresar a la universidad a las condiciones de un sistema universitario cerrado que ya es disfuncional ante la magnitud de los desafíos actuales.

En cuanto a las fiscalizaciones externas, vale la pena recordar que la UV fue la primera universidad autónoma que aceptó por decisión propia ser fiscalizada por la Auditoría Superior de la Federación en 1999, hecho que contrastó ese mismo año con la Universidad Autónoma de Tamaulipas que se amparó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Un año antes se había decidido auditar a la Universidad de Guadalajara por un acuerdo externo entre la Legislatura de Jalisco y el entonces órgano de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En ese estado de cosas, el rector de la UV solicitó autorización de su Junta de Gobierno para anunciar al Consejo Nacional de la ANUIES la decisión institucional de aceptar la fiscalización externa, tanto de los recursos federales como estatales. Enseguida, participó en una reunión en la cámara baja del Congreso de la Unión para confirmar tal decisión y envió una misiva a la Legislatura estatal solicitando que el ORFIS de Veracruz procediera con la misma tarea. La razón de esas medidas fue asegurar el ejercicio correcto de los recursos y dar garantía a la sociedad de la completa disposición institucional por la transparencia.



A partir de 2002 y, una vez que la SCJN falló a favor de las auditorías federales, la UNAM y luego las instituciones miembros de la ANUIES aceptaron las auditorías externas. Esto viene a colación porque después de más de 20 años de este tipo de ejercicios, las universidades agrupadas en la ANUIES deben solicitar la reformulación de los procedimientos de fiscalización externa para que con el apoyo de los nuevos sistemas digitales en tiempo real se renueven tales ejercicios que resultan pesados e imprácticos.

Es fundamental que la fiscalización no imponga procesos engorrosos en la operación universitaria cotidiana, dado que pueden ser reemplazados por mecanismos de rendición de cuentas más ágiles y transparentes. Lo dicho aquí nos conduce al tema del financiamiento y al liderazgo requerido en la gestión universitaria y la relación con los sectores externos para diversificar las fuentes de financiamiento, lo que comentaré en la siguiente entrega.