El problema ambiental de las dunas de San Isidro evoluciona a problema social

El caso de las dunas de San Isidro, en el municipio de Actopan, pasó de ser un conflicto ambiental a un conflicto de tipo social, pues incluso ya se liberaron 10 órdenes de aprehensión en contra de igual número de ejidatarios por el robo y despojo de material para construcción por el orden de los 2 millones de pesos.

De dichas órdenes judiciales se han ejecutado dos detenciones, de las cuales una apenas se realizó este martes pasado, luego de que el juez primero de primera instancia, Robinson Manzanilla, así lo considerara pertinente.

El alcalde de Actopan, Carlos Retureta García, contó que los ejidatarios tienen la posesión de más de mil 400 hectáreas desde el 2006 luego de que el Registro Agrario Nacional declaró a la zona como terrenos nacionales y a ellos como posesionarios, aunque los habitantes sostienen que son los legítimos posesionarios desde hace más de 20 años.

Sin embargo, el año pasado apareció el Grupo Industrial de Piedra con escrituras públicas inscritas en el Registro Público de la Propiedad, aduciendo que son suyas las hectáreas.

“Se ha generado un problema social porque cuando esta empresa fue a hacer los deslindes del terreno llevaron postes, alambres de púas, aparatos para medir, entonces la gente de San Isidro fue a sacarlos, los corrieron y ese material que quedó ahí lo recogieron, se lo llevaron y lo pusieron a disposición del ministerio público y quedó depositado en la Casa del Campesino de San Isidro”, narró.

Aunque por esa situación el Grupo Industrial de Piedra interpuso denuncia penal en contra del grupo de ejidatarios el año pasado, y a la fecha se han ejecutado dos detenciones.

“El juez Robinson Manzanilla giró órdenes de aprehensión contra 10 personas de San Isidro desde el año pasado. El año pasado soltaron la orden de aprehensión de uno, antier la orden de otro, hay dos detenidos, los demás compañeros yo sé que andan amparados”, dijo.

Señaló que la empresa llegó al Ayuntamiento de Actopan a solicitar una licencia de construcción y por lo tanto se le pidió todos los requisitos que marca la normatividad y cumplieron, por lo que se les dio dicho permiso.

Sin embargo, explicó que el permiso era para construir una galera y unos estantes de agua para un proyecto ganadero, pero ante la problemática que se ha generado la obra está suspendida.

“Entonces se les dio permiso para eso y para rehabilitar unos caminos existentes, tanto de otro predio de una señora Sara Escobedo, tanto del otro predio de las mil 400 hectáreas”, admitió.

El alcalde de Actopan, Carlos Retureta García, aceptó que hay daño ambiental, pero recalcó que el problema ya trascendió y se ha convertido en un problema de tipo social, porque los que se dicen legítimos posesionarios amenazan con que van a sacar a los empresarios.

“Lo que yo veo es que esas 88 personas no han sabido cómo atacar el asunto, porque ellos van al RAN, el RAN dice que son terrenos nacionales declarados bienes nacional, está en el Diario Oficial de la Federación ese decreto. Los mandaron a medir”, explicó.

Finalmente preguntó cómo es posible que si existe un decreto presidencial pueda un particular tener escrituras y en ese sentido espera que este problema concluya en buenos términos porque la gente ya ha dicho que defenderá hasta con su vida las tierras.