El trato federal injusto hacia Veracruz, va más allá de las cuestiones partidistas

El incumplimiento o las insuficiencias en la asignación de recursos federales a nuestro Estado se ha venido presentando desde tiempo atrás. Recordemos, por ejemplo, que el gobernador Miguel Alemán presentó una demanda jurídica en contra del Gobierno Federal y del Secretario de Educación Pública, Reyes Tamez, por no reconocer su obligación de financiar un paquete de plazas, prestaciones y horas de carga de trabajo docente, equivalente a una cantidad ya ajustada, que era cercana a 2.5 miles de millones de pesos (2.5 MMDP). En la negociación con la que se resolvió dicha demanda, la SEP incumplió al año siguiente con uno de sus compromisos, el de “regularizar” un monto de mil millones de pesos, acompañado de su correspondiente incremento anual por los impactos acumulados correspondientes al aumento salarial y las prestaciones asociadas a dicho paquete.

Ya hemos comentado también lo que sucedió en los Gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto con el cambio de la Fórmula FAEB durante el periodo 2008-2013. Ello le ha significado a Veracruz una pérdida acumulada mayor a los 11 mil millones de pesos (11MMDP) hasta ahora. En ese tiempo, 23 estados solicitaron con vehemencia a la SHCP que se constituyera un fondo compensatorio para resarcir las millonarias pérdidas que esa medida fiscal provocó en las finanzas públicas de dichas entidades federativas. Tal petición nunca fue atendida. En cambio, al aprobar en el 2014 la nueva fórmula FONE para la educación básica, la SHCP sí creó un fondo compensatorio para resarcir los ingresos federales de los pocos estados que se vieron afectados. Entre ellos, se encontraba desde luego el Estado de México.

Como podemos constatar, los diseñadores de las nuevas fórmulas en la SHCP y los negociadores en el Congreso de los cambios en los criterios de las aportaciones y participaciones federales, tienen –a la manera de expertos cerrajeros- las llaves para abrir o cerrar la asignación federal de recursos hacia los estados. Todo depende de los indicadores y la ponderación (peso relativo) que se seleccione para cada indicador. La pregunta que se plantean es relativamente simple: ¿Cuáles son los indicadores en los que el estado al que se desea ayudar es fuerte? Y a tales indicadores se les asignan coeficientes mayores en la fórmula sobre la que se calcula el financiamiento federal. Es impresionante observar cómo un estado que estaba por debajo de Veracruz en las asignaciones federales del 2002 (alrededor de 24MMDP vs 33MMDP), ahora se encuentra muy por encima (64MMDP vs 41MMDP de Veracruz). Obviamente, hablamos del Estado de México.



El entorno actual de las leyes de asignación fiscal y de decretos presidenciales recientes, le pegan a Veracruz por varios frentes. Por ejemplo, no se ponderan factores fundamentales de su territorio y demografía. Su extensión y complejidad territorial, su alta dispersión y diversa composición demográfica le imprimen retos mayúsculos en la creación de infraestructura y en la operación de servicios públicos. El reciente comentario de Aurelio Nuño de “reconcentrar las escuelas rurales hacia planteles más consolidados”, pareciera más un asunto irracional de ahorro de recursos y esfuerzos que una auténtica política de equidad social y educativa. El mensaje oculto pareciera ser: “Hay que olvidarnos de las comunidades rurales e indígenas, del campo mexicano, y apostarle a la concentración urbana”.

Tampoco se valoran en su justa dimensión los diversos aportes históricos, presentes y futuros de nuestro estado hacia la federación. Podemos poner varios ejemplos, pero me referiré hoy al perfil de Veracruz como estado petrolero y de gran aporte energético a la nación. Tal criterio no cuenta con una justa ponderación en las asignaciones federales, pues éstas son verdaderamente simbólicas. La federación ha definido un fondo compensatorio para los estados petroleros de alrededor de 2.5MMDP que se reparte entre 4 estados: Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Y tampoco, se ha tomado en cuenta el impacto tan adverso que ha tenido en nuestro Estado, la caída en los precios del petróleo. Para la Federación, sólo Campeche y Tabasco son dignos de un trato preferencial y del rescate financiero correspondiente, hecho que se observa en el Decreto Presidencial del 18 de abril de este año que establece beneficios como pagos provisionales de impuestos, incentivos para la inversión y generación de empleo; y que fue ampliado un mes después para mejorar los estímulos fiscales que recibieron ambos estados (11 de mayo del 2016). ¿Por qué Tamaulipas y Veracruz fueron excluidos de dicho Decreto? Sobre todo cuando nuestro estado cuenta con 4 de los 7 Complejos Petroquímicos del país y que habrán de producir, de acuerdo al Instituto Mexicano del Petróleo y con base en datos de PEMEX, alrededor del 83% de los productos petroquímicos nacionales en 12 años? ¿Y qué decir de que estamos en condiciones de producir casi el 50% del Gas LP del total mexicano? ¿Acaso la crisis petrolera no se ha visto reflejada en Veracruz, cuando recién observamos la desincorporación en PEMEX del Complejo Pajaritos y el cierre del Complejo Morelos en Coatzacoalcos? ¿De qué sirve que la federación amplíe, mediante asignaciones federales que inhiben inversiones en otros rubros, la infraestructura petrolera y energética de Veracruz, cuando los verdaderos ganadores son las empresas transnacionales y el gobierno federal, con base en sus respectivas “alianzas estratégicas”?

El rescate federal a Veracruz debe ser inmediato, integral y con una cobertura de corto y mediano plazo. Dado el peso estratégico que tiene Veracruz en diversas facetas de la vida nacional, urge un Decreto Presidencial que abarque varios frentes:



- Estímulos fiscales para las empresas generadoras de empleo para que se mantengan activas, para que inviertan en el estado, para que hagan pagos provisionales de impuestos mientras dure la contingencia económica y, en su caso, para que recuperen los adeudos del gobierno estatal;
- Lineamientos para acuerdos de coordinación fiscal con el fin de que Veracruz pueda establecer mecanismos propios de recaudación especial y temporal, así como para proteger tanto a las empresas y los programas públicos como la estabilidad laboral de sus trabajadores, en el caso que así corresponda.

En dicha estrategia, también será fundamental que la SHCP reconozca las afectaciones que Veracruz ha tenido como consecuencia de cambios en las fórmulas de asignación de recursos federales y de criterios aplicados en la operación de fondos que no han considerado las características y aportes de Veracruz al país. Ello, como un marco de referencia para la necesaria aplicación de recursos emergentes “etiquetados” que ayuden a recomponer el desorden gubernamental de los últimos años y el colapso financiero actual. De no atenderse cabalmente este asunto, habrá repercusiones severas en el resto de México y en las decisiones que tomen los veracruzanos, sus representantes y gobierno para, al menos, reformular radicalmente su relación con la Federación.