Elizabeth Morales plantea que Instituto Veracruzano de las Mujeres se vuelva Secretaría

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada local del Partido del Trabajo, Elízabeth Morales García, planteó como una de las prioridades del Congreso de Veracruz la homologación del Instituto Veracruzano de las Mujeres para convertirlo en Secretaría de la Mujer, con el argumento de que esa modificación permitiría fortalecer las políticas públicas dirigidas a las veracruzanas y ampliar la capacidad institucional para atender sus demandas.

La legisladora sostuvo que el cambio busca que el actual instituto tenga “rango de Secretaría de la Mujer”, con más presupuesto, mayores facultades y margen de actuación frente a problemas como la violencia de género, la desigualdad y las barreras de acceso a oportunidades.

Según expuso, la intención es que la atención a las mujeres no se limite a acciones de acompañamiento o gestión, sino que cuente con una estructura administrativa y financiera de mayor alcance dentro del aparato estatal.

Morales García vinculó esa propuesta con la integración actual del Congreso local, donde, dijo, hay una mayoría de diputadas, situación que, de acuerdo con su planteamiento, se ha traducido en una agenda legislativa enfocada en ampliar derechos y en impulsar cambios normativos relacionados con la igualdad sustantiva, la representación política y el acceso de las mujeres a distintos espacios de decisión.

En ese contexto, afirmó que durante el primer año legislativo se han promovido iniciativas orientadas a atender rezagos históricos en materia de participación y protección de derechos.
Entre ellas mencionó la reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que al menos el 50 por ciento de los cargos directivos en los ayuntamientos de Veracruz sean ocupados por mujeres.

La propuesta, explicó, alcanzaría espacios como direcciones, secretarías y jefaturas dentro de los gobiernos municipales, con el propósito de que la paridad no se limite a los cargos de elección popular, sino que también se refleje en la vida interna de los 212 ayuntamientos. La diputada señaló que ese ajuste legal busca abrir más espacios de decisión para las mujeres dentro de la administración pública municipal.

De acuerdo con su exposición, el objetivo es que la participación femenina en los gobiernos locales deje de depender de criterios discrecionales o de decisiones políticas aisladas y se convierta en una obligación normativa. Bajo esa lógica, la reforma pretende que la presencia de mujeres en áreas de mando tenga respaldo legal y no quede reducida a una práctica opcional.

La legisladora también refirió una iniciativa reciente en materia de vivienda, enfocada en que los programas de regularización de predios otorguen prioridad a mujeres en procesos de escrituración. Según explicó, la propuesta está dirigida en particular a jefas de familia, a mujeres en situación de violencia y a quienes habitan inmuebles sin seguridad jurídica.

Con ese planteamiento, dijo, se busca que el acceso a la propiedad y a la certeza sobre la vivienda se convierta en una herramienta de protección para mujeres que enfrentan condiciones de vulnerabilidad. El planteamiento parte de que la escrituración no sólo tiene efectos patrimoniales, sino también consecuencias en materia de estabilidad familiar, autonomía y acceso a otros derechos.