Emite CEDH Recomendación 039/2026 contra la SSP por desaparición forzada

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDH) acreditó que elementos de la Policía Estatal participaron en la desaparición forzada de 3 hombres el 26 de noviembre de 2013, en hechos ocurridos en Actopan y Xalapa, y que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) negó las detenciones pese a la existencia de testimonios y registros oficiales que documentaron la intervención de sus agentes.

Mediante la Recomendación 039/2026, fechada el 8 de julio de 2026, el organismo determinó que los policías privaron de la libertad a las 3 víctimas y que la corporación ocultó información sobre su paradero.

Por estos hechos, ordenó a la SSP ofrecer una disculpa pública, indemnizar a 18 familiares y colaborar con las autoridades para localizar a los desaparecidos e identificar a los responsables.

El expediente identifica a las víctimas directas con las claves V16, V11 y V4. Dos de ellas fueron detenidas alrededor de las 9:28 horas en un retén instalado en la congregación El Castillo, en Xalapa, cuando viajaban en una camioneta que había sido reportada por su relación con la privación de la libertad de otra persona.

Según los registros del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), a las 9:36 horas se instruyó a los policías trasladar a los 2 detenidos al Cuartel de San José, en Xalapa. Sin embargo, desde entonces se desconoce su paradero. Los investigadores también obtuvieron el testimonio de una persona que recibió una llamada de una de las víctimas, durante la cual escuchó una voz que dijo: “Vamos a San José, que ahí te busquen”.

La tercera víctima, identificada como V16, trabajaba como conductor de transporte público en la ruta Cerro Gordo-Actopan. Testigos declararon que fue interceptada por hombres armados que viajaban en camionetas y que operaban en presencia de una patrulla estatal, cerca del puente de Flor Blanca. Uno de los declarantes aseguró haber observado cuando 2 personas lo sujetaron y subieron a una camioneta, que después se dirigió hacia Cerro Gordo.

Otro testimonio, rendido por un trabajador de una gasolinera de Actopan, permitió documentar la presencia de policías estatales y hombres armados que viajaban en vehículos sin placas. El testigo declaró que los agentes ordenaron a los empleados tirarse al suelo y guardar silencio sobre lo ocurrido.

La investigación detectó contradicciones en los informes proporcionados por la SSP. Mientras que en diversas respuestas la dependencia negó haber detenido a los 3 hombres, en un oficio fechado el 20 de septiembre de 2019 reconoció que policías del módulo El Castillo habían interceptado la camioneta en la que viajaban 2 de las víctimas.

La CEDH también documentó que elementos de la Policía Estatal devolvieron posteriormente la camioneta a familiares de la persona que había sido privada de la libertad, circunstancia que, junto con los registros del C4, permitió corroborar la intervención policial.

“Así, los elementos de convicción con los que cuenta esta Comisión permiten establecer que el 26 de noviembre del 2013, elementos de la SSP privaron de la libertad a V16, V11 y V4 y posteriormente se negaron sistemáticamente a reconocer la detención e informar su paradero. Esto, actualiza los elementos que constituyen la DFP”, concluyó el organismo.

La Comisión también acreditó afectaciones a la integridad personal de 18 familiares de los desaparecidos, entre ellas problemas de salud, ansiedad, depresión, insomnio y trastornos asociados con el impacto de las desapariciones. Las entrevistas documentaron además consecuencias económicas por la pérdida de ingresos de quienes contribuían al sostenimiento de sus hogares.

En uno de los testimonios incorporados a la recomendación, una familiar expresó la incertidumbre que enfrenta desde la desaparición: “No quiero morirme sin verlo”. Otra de las entrevistadas declaró que no ha cambiado su número telefónico ante la posibilidad de que su familiar vuelva a comunicarse.

El organismo documentó que las desapariciones también afectaron a hijos de las víctimas, algunos de los cuales eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos. Entre las consecuencias identificadas se encuentran problemas de aprovechamiento escolar, alteraciones en la conducta y afectaciones en las relaciones familiares.

La reparación establecida por la CEDH incluye compensaciones por daño moral, pérdida de ingresos y afectaciones patrimoniales. Los montos deberán ser determinados por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), conforme a las circunstancias de cada caso.

También se estableció que las familias deberán recibir atención médica y psicológica, medicamentos, asesoría jurídica y servicios sociales, además de ser incorporadas al Registro Estatal de Víctimas para acceder a las medidas de asistencia y reparación previstas en la legislación.

En la disculpa pública, la SSP deberá reconocer su responsabilidad institucional en las desapariciones y comprometerse a colaborar con la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda para esclarecer los hechos. Asimismo, tendrá que implementar cursos permanentes de capacitación policial para prevenir la repetición de estas violaciones.

Dos detenidos por la desaparición de los 3 hombres

La desaparición de los 3 hombres también ha derivado en procedimientos penales contra 2 personas, según registros periodísticos.

El 17 de mayo de 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Fernando David “N” fue imputado por el delito de desaparición forzada en agravio de 3 víctimas identificadas con las iniciales J.M.H.O., J.R.D. y J.E.R.F., dentro del proceso penal 19/2022. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año.

Casi 3 años después, el 7 de febrero de 2025, la Fiscalía anunció la detención de Luis Alberto “N”, identificado en la cobertura periodística como exelemento de la Policía Estatal. El 14 de febrero del mismo año fue vinculado a proceso por la desaparición de las mismas 3 personas, dentro de la causa penal 119/2022. También se le impuso prisión preventiva oficiosa.

Entre las víctimas de los hechos ocurridos el 26 de noviembre de 2013, familiares y colectivos de búsqueda han identificado públicamente a José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez. En mayo de 2022, Mónica Ortiz Pérez, madre del primero, denunció que su hijo había sido detenido por policías estatales y que, antes de desaparecer, informó por teléfono que sería llevado al Cuartel de San José, en Xalapa.

Durante las manifestaciones realizadas aquel año, integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz denunciaron la desaparición de 5 jóvenes relacionada con los acontecimientos de noviembre de 2013. Sin embargo, las investigaciones penales dadas a conocer por la Fiscalía y la Recomendación 039/2026 de la CEDH se refieren específicamente a 3 víctimas.

Tampoco se encontraron resoluciones judiciales públicas que acrediten sentencias contra Fernando David “N” o Luis Alberto “N” por estos hechos. Al 20 de octubre de 2026, la Recomendación 039/2026 aparece en el registro público de la CEDH con el estatus de “Notificada”, sin que se acredite su aceptación o cumplimiento por parte de la SSP.