Emiten 13 órdenes de aprehensión contra involucrados en empresas “fantasma” en el Estado

Se emitieron 13 órdenes de aprehensión más en contra de los involucrados en el tema de empresas "fantasma" en la entidad Veracruzana durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, entre ellos se encuentran militantes priístas que aceptaron involucrarse con engaños y por su frágil condición económica; por tal motivo, cumplirán sus penas en libertad, pero con la condición de proporcionar más datos al respecto.

Según un reportaje que publica el portal Animal Político, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales en contra de socios y representantes legales de una red de empresas “fantasma”.

Los involucrados habrían recibido recursos públicos del gobierno de Javier Duarte, por lo que el SAT también presentó cinco nuevas denuncias contra quien resulte responsable tras confirmar que las operaciones entre las compañías y el gobierno de Veracruz fueron simuladas.



En el reportaje se destaca que entre los sentenciados hay personas de bajos recursos, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz y personas que no eran empresarios, pero fingieron serlo.

Los actores proporcionaron datos fiscales falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las compañías. Incluso, todos aceptaron declararse culpables a cambio de sentencias reducidas que les permitieran no ser encarcelados.

Las compañías, que mediante licitaciones simuladas y adjudicaciones directas irregulares recibieron contratos, se vieron beneficiadas por dependencias del Gobierno, tales como Desarrollo Social, Protección Civil, Educación y el DIF estatal.



Las 13 sentencias fueron dictadas por jueces federales mediante la modalidad de “proceso abreviado”, es decir, en juicios cortos luego de que los involucrados aceptaron declararse culpables a cambio de una condena mínima.

Dado que los acusados comparecieron voluntariamente ante las autoridades y se declararon culpables, el SAT y la PGR aceptaron que cumplieran sus penas en libertad. Esto con la condición de proporcionar toda la información relacionada con la forma en cómo fueron convencidos para incurrir en este fraude.

Por tal motivo y debido a que los investigadores estaban conscientes de que estas personas eran el hilo más delgado de la red de corrupción en el gobierno de Duarte, el objetivo era obtener los datos y las sentencias como antecedente legal, pero no que permanecieran en prisión.



El SAT también informó que hay otros 13 socios y representantes de esta red de empresas consignados ante los jueces y en contra de los cuales ya se giraron las órdenes de aprehensión correspondientes, puesto que no han sido localizados ni se han presentado ante las autoridades. De la misma forma, hay cuatro procesos penales más en curso también en contra de representantes y otros dos que concluyeron sin sentencia.

Por último, el reportaje señala que la investigación de las autoridades derivó en la identificación de 30 compañías "fantasma", a las cuales ya se les cancelaron todos sus registros y certificados digitales.