Emplazan a comparecer a Raúl González y Bertín Bravo este jueves al Congreso

La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz emplazó a los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, a comparecer este jueves 30 de julio en audiencias de pruebas y alegatos, antes de elaborar los dictámenes que determinarán si ha lugar o no a retirarles el fuero constitucional con la votación del pleno.

Cabe destacar que González Martínez ha acudido personalmente al Congreso para atender las diligencias relacionadas con el procedimiento promovido en su contra. En contraste, Bravo Montero no se ha presentado ante los diputados de la Comisión Instructora y su defensa ha sido atendida únicamente por sus abogados.

La Fiscalía vincula al alcalde de Ixhuatlán del Sureste con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, y al de Úrsulo Galván con la desaparición del empresario Héctor Ramos y su escolta, Ignacio López, por ello pidió al Congreso retirar la protección constitucional de ambos servidores públicos para poder proceder penalmente.

El martes 28 de julio, González Martínez acudió acompañado por sus abogados a las oficinas de los diputados que integran la Comisión Instructora, donde presentó documentos, pruebas y argumentos para responder a los señalamientos formulados por la Fiscalía.

En contraste, ese mismo día Bravo Montero no acudió personalmente al Palacio Legislativo. En su representación se presentaron sus asesores legales, quienes entregaron los escritos y elementos de defensa correspondientes.

Definirían desafuero la próxima semana

Los integrantes de la Comisión Instructora se reunieron la misma noche del martes, firmaron los acuerdos y solicitaron que los emplazamientos fueran notificados a los ayuntamientos.

En el caso de Ixhuatlán del Sureste, personal del Ayuntamiento confirmó la recepción del documento mediante el cual González Martínez fue llamado a comparecer. “Están citando al Alcalde para mañana, para que venga a comparecer con la Comisión Instructora”, informaron.

Aunque los ediles fueron emplazados, las diligencias pueden desarrollarse con la participación de sus representantes legales en caso de que alguno decida no acudir personalmente.

Durante las comparecencias, los alcaldes o sus representantes podrán ampliar los argumentos entregados el martes, responder a los señalamientos contenidos en las solicitudes de desafuero y exponer los elementos que consideren necesarios para su defensa.

Una vez concluidas las audiencias, la Comisión Instructora continuará sesionando para revisar las pruebas, valorar los alegatos y elaborar un dictamen por cada procedimiento.

Cada dictamen deberá establecer si existen elementos para declarar que ha lugar a proceder contra el Alcalde correspondiente y retirarle el fuero, o si la solicitud presentada por la Fiscalía debe ser rechazada.

La Comisión Instructora no determinará la responsabilidad penal de González Martínez ni de Bravo Montero. Su función se limita a analizar si deben conservar la inmunidad procesal derivada de sus cargos.

En caso de que la comisión determine que ha lugar a proceder, los dictámenes serán enviados a la Presidencia del Congreso para continuar el trámite legislativo y someterlos a consideración de los 50 legisladores.

Si el Pleno aprueba las solicitudes, los alcaldes perderán la protección constitucional para que la Fiscalía pueda proceder en su contra. Si las rechaza, conservarán el fuero mientras permanezcan en el cargo.

La previsión es que los documentos sean presentados en la sesión de la Diputación Permanente programada para el martes siguiente, cuando podría emitirse la convocatoria a una sesión extraordinaria del Pleno.