Empleado de SEV expone que le niegan reincorporación a su centro de adscripción

A la Redacción de Al Calor Político

Presente.

Por medio del presente, solicito el apoyo de este medio de comunicación para hacer pública una situación que considero injusta y administrativamente cuestionable, relacionada con la actuación de la directora de Educación Especial de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Susana Lili Márquez Pineda, quien se ha negado a permitir mi reincorporación al área donde originalmente desempeñaba mis funciones.

Soy trabajador administrativo de base federal, con nombramiento y adscripción en la Dirección de Educación Especial. Hace algunos meses solicité una comisión temporal para participar en otro proyecto institucional. Una vez concluido, manifesté formalmente mi decisión de regresar a mi área de trabajo.

Sin embargo, durante mi ausencia, la Directora incorporó a las oficinas centrales a diversos trabajadores docentes provenientes de instituciones educativas, incluidos servicios de CAM y USAER, quienes presuntamente continúan registrados en sus centros de adscripción originales, pero realizan funciones administrativas.

Esta situación genera serias interrogantes sobre el cumplimiento de las disposiciones que buscan garantizar la presencia de los docentes en los servicios educativos y sobre la legalidad de los movimientos de personal efectuados.

Lo verdaderamente incongruente es que ahora la Directora argumenta que existe un exceso de personal en las oficinas para justificar su negativa a mi reincorporación, cuando esa saturación deriva, aparentemente, de decisiones administrativas tomadas durante mi ausencia.

La directora Susana Lili Márquez Pineda me ha ofrecido incorporarme a la Jefatura de Educación Especial Federalizada, área distinta de aquella en la que venía desempeñando mis funciones.

Mi inconformidad es clara: ¿por qué se pretende enviarme a una jefatura distinta, cuando mi nombramiento y adscripción corresponden a la Dirección de Educación Especial?

Más preocupante resulta que, según lo observado, la propia Directora habría trasladado personal de esa jefatura hacia las oficinas de la Dirección debido a las deficientes condiciones físicas que presenta el inmueble donde opera.

Se trata de instalaciones que presentan techado de lámina, paredes con reparaciones improvisadas de madera y presencia de roedores, circunstancias que considero deben ser verificadas por las autoridades competentes, pues podrían representar riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores.

Ante ello, surge una pregunta inevitable: Si existen trabajadores adscritos a la Jefatura de Educación Especial Federalizada que actualmente desempeñan funciones en la Dirección, ¿por qué no se revisa primero su ubicación administrativa y laboral, en lugar de pretender trasladar a un trabajador cuya adscripción original corresponde a la Dirección?

No solicito un espacio privilegiado ni pretendo desplazar arbitrariamente a ningún compañero. Solicito que se respete mi situación administrativa y se justifique legalmente cualquier determinación que implique asignarme funciones en un área distinta.

Otro aspecto que considero especialmente preocupante es la contradicción entre lo manifestado personalmente por la Directora y lo expresado posteriormente mediante oficio.

Durante una reunión presencial, en la que incluso participó un representante de mi organización sindical, manifesté expresamente mi intención de regresar a la Dirección de Educación Especial. En esa conversación, la Directora me negó dicha reincorporación y planteó como alternativa enviarme a la Jefatura de Educación Especial Federalizada o incluso a una supervisión fuera.

Sin embargo, en su respuesta oficial utiliza una narrativa distinta a lo expresado personalmente, presentando la situación de una manera que, desde mi perspectiva, no refleja fielmente lo ocurrido durante la reunión.

Considero que esta contradicción debe aclararse, pues una respuesta administrativa no debería omitir los motivos reales de una determinación ni generar una apariencia de atención favorable cuando, en los hechos, persiste la negativa a la petición original.

Me preocupa que esta diferencia entre lo expresado verbalmente y lo asentado por escrito pueda inducir a error a las autoridades superiores respecto de la verdadera naturaleza de mi inconformidad.

Considero indispensable verificar la plantilla real de trabajadores, sus nombramientos, sus adscripciones y las funciones que efectivamente desempeñan, ya que existen dudas sobre la asistencia regular de algunas personas que figuran como parte del personal de oficina.

Particularmente, debe investigarse si la incorporación de docentes a funciones administrativas ha ocasionado afectaciones a la atención educativa de niñas, niños y adolescentes que requieren servicios especializados.

No resulta congruente invocar una supuesta saturación de personal para impedir el regreso de un trabajador administrativo, sin antes revisar la situación de los docentes incorporados a oficinas y las necesidades de los centros educativos de los que provienen.

Por todo lo anterior, hago un llamado público y respetuoso a Maritza Ramírez Aguilar, para que, en el ámbito de sus atribuciones, intervenga en esta situación y contribuya a que mi solicitud de reincorporación sea resuelta favorablemente, conforme a derecho.

Solicito que se revise mi nombramiento, mi adscripción original, los antecedentes de mi comisión temporal y la respuesta emitida por la Directora.

También pido que se analice si existe justificación normativa para enviarme a la Jefatura de Educación Especial Federalizada, cuando mi petición consiste en regresar al área en la que anteriormente prestaba mis servicios.

Mi solicitud es sencilla: que se me permita reincorporarme a la Dirección de Educación Especial, respetando mi situación laboral y sin imponerme un cambio de área que no he solicitado.

No busco confrontaciones personales ni privilegios laborales. Busco que prevalezcan la legalidad, la transparencia, el respeto a los derechos de los trabajadores y la correcta administración de los recursos humanos destinados a la Educación Especial.

Finalmente, considero que las autoridades educativas deben recordar que las decisiones administrativas tienen consecuencias tanto para los trabajadores como para los estudiantes.

La Dirección de Educación Especial no debe convertirse en un espacio donde las decisiones discrecionales sobre el personal prevalezcan sobre los nombramientos, las necesidades educativas y la normativa institucional.

Agradezco a Al Calor Político la posibilidad de dar a conocer esta situación y reitero mi solicitud de intervención de las autoridades superiores de la Secretaría de Educación de Veracruz.

Atentamente

Lic. Enrique Ruiz