Empresa Agrogema Agro denuncia al fiscal federal en Veracruz, Mauricio Rosaldo

El aseguramiento durante casi 8 meses de 6 helicópteros, un avión, una aeropista y las instalaciones de una empresa de fumigación derivó en denuncias contra el fiscal federal de la FGR en Veracruz, Mauricio Alexandro Rosaldo García, y 3 agentes del Ministerio Público.

Agrogema Agro S.A. de C.V., propietaria de los bienes, los denunció por presunto abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia ante el Órgano Interno de Control (OIC) y la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI) de la Fiscalía General de la República.

Las denuncias fueron presentadas por Omar Pérez Gómez, apoderado legal de la compañía, con sede en Medellín de Bravo. Además de Rosaldo García, fueron señalados Carlos Manuel Pérez Solís, agente del Ministerio Público Federal y titular de la Célula II-1 de Investigación en Xalapa, y Andrea Jahel González Castillo, fiscal en jefe de la FII-II en esa ciudad. La empresa señaló a un cuarto agente ministerial. La compañía sostiene que la FGR mantuvo asegurados sus bienes durante casi 8 meses sin reconocerle durante ese periodo el carácter de investigada, imputada, víctima o parte ofendida dentro de la carpeta.

Ya investigan

José Jorge Reyes Peralta, abogado de Agrogema Agro, informó este martes que la Fiscalía finalmente judicializó la investigación y que el representante de la empresa deberá comparecer en libertad el 4 de noviembre ante un juez de control federal en Emiliano Zapata. De acuerdo con la defensa, la FGR pretende imputarle el delito de uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis del Código Penal Federal y sancionado con una pena de 2 a 6 años de prisión.

Reyes Peralta afirmó que tanto la aeropista como las aeronaves cuentan con documentación para operar y sostuvo que, durante la investigación, la compañía entregó información sobre los aparatos, sus clientes, estados financieros y mecanismos de cumplimiento normativo. La empresa se dedica a prestar servicios de fumigación agrícola y, según su defensa, de sus operaciones dependen alrededor de 50 familias.

El litigante sostuvo que la acusación por el uso de instalaciones destinadas al tránsito aéreo no corresponde con los señalamientos que, aseguró, motivaron inicialmente el aseguramiento de los bienes. También afirmó que no existe una investigación por delincuencia organizada contra la empresa. Mientras la carpeta relacionada con la aeropista será revisada por un juez federal, el OIC y Asuntos Internos de la FGR deberán determinar si existen elementos para proceder por las denuncias presentadas contra los funcionarios señalados.