Empresaria Rosa Martínez dice “temer por su vida” ante pleito legal con exfuncionaria

La empresaria xalapeña Rosa María Martínez López afirmó que teme por su vida y la de su familia al acusar que Ivette Orozco Lara ha utilizado presuntas influencias con funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Veracruz para intentar despojarla de un predio ubicado en la comunidad de El Chico, municipio de Emiliano Zapata, además de emprender una campaña de amenazas y desprestigio en su contra.

Durante una conferencia de prensa, la empresaria aseguró que decidió acudir a los medios luego de más de 4 años de litigio, al considerar que los hechos recientes (entre ellos, la presencia de patrullas estatales, personas encapuchadas y drones alrededor de su domicilio) elevaron el nivel de riesgo para ella y su familia, además de que se emprendió una campaña en su contra con notas sin sustento difundidas en redes sociales.

“Sí temo por mi vida y por la de mi familia”, expresó al señalar que incluso ha solicitado medidas de protección y presentado denuncias penales por las amenazas que, aseguró, ha recibido.

Martínez López sostuvo que Ivette Orozco fue funcionaria estatal durante los gobiernos de Javier Duarte de Ochoa, Cuitláhuac García Jiménez y, recientemente, durante la administración de Rocío Nahle García, cuando laboró en la Secretaría de Turismo bajo la titularidad de Dulce María “Nena” de la Reguera Gómez. Añadió que actualmente desconoce si continúa desempeñando algún cargo público.

Asimismo, afirmó que desde el inicio del conflicto Orozco Lara le aseguraba contar con el respaldo de personajes con poder dentro del Gobierno estatal. Entre ellos mencionó al exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos; Enrique de Jesús Nachón García, Édgar Spinoso Carrera y Ricardo Ahued Bardahuil, de quien se dice protegida.

La empresaria precisó que esos nombres quedaron asentados en una denuncia penal presentada desde 2023, por lo que pidió a las autoridades investigar si existió o existe algún tipo de protección institucional. “Siempre hablaba de las influencias que tenía. Yo lo único que pido es que se investigue y que las autoridades actúen sin ningún tipo de protección”, expresó.

Precisamente, en la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en enero de 2023, Rosa María Martínez acusa a Ivette Orozco Lara por los presuntos delitos de fraude, abuso de confianza, falsedad ante la autoridad, uso de documento falso y amenazas. En ese mismo expediente, recordó, solicitó medidas de protección al manifestar el temor fundado por su integridad y la de su familia. Rosa María Martínez rechazó de manera categórica las publicaciones en redes sociales y algunos medios donde se le pretende relacionar con el llamado “cártel inmobiliario”.

Afirmó que su caso corresponde exclusivamente a un litigio civil por una propiedad adquirida legalmente y que cuenta con escrituras, comprobantes de pago y toda la documentación que acredita la compra. “Lo mío no tiene nada que ver con eso. Quieren involucrarme en algo que no corresponde a mi caso. Todo está legalmente acreditado y cualquier persona puede revisar los documentos”, sostuvo.

Explicó que la disputa inició luego de adquirir el terreno, ya que Antonio Hernández Basurto, amigo de su esposo, lo entregó como pago por una deuda que mantenía con la familia. Posteriormente, dijo, construyó una vivienda, bodegas y realizó diversas inversiones en el inmueble, hasta que Ivette Orozco inició un juicio argumentando desconocer la venta del predio.

La empresaria recordó que el 20 de julio varias patrullas estatales permanecieron aproximadamente 45 minutos frente a su domicilio, acompañadas de personas encapuchadas, mientras drones sobrevolaban la propiedad a baja altura. Relató que en ese momento dentro del inmueble se encontraban su madre, una adulta mayor; su nieta y otros integrantes de su familia, quienes permanecieron encerrados por miedo. “Nos dijeron que harían un cateo. Llamé al 911 y nunca llegó nadie a auxiliarnos”, señaló.

Indicó que cuenta con videos donde aparecen las patrullas, los encapuchados y los drones, además de las solicitudes de información presentadas para conocer quién ordenó el despliegue policial, sin que hasta ahora haya recibido respuesta. Finalmente, hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que se investiguen las presuntas amenazas, el despliegue de patrullas y drones en su propiedad, así como cualquier posible intervención de servidores públicos en un conflicto que, insistió, debe resolverse únicamente conforme a la Ley.