Empresarios habrían intervenido en asignación de contratos en órganos electorales: ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) obtuvo testimonios, documentos y registros financieros que apuntan a la presunta intervención de empresarios en la asignación de contratos públicos de organismos electorales durante varios años.

El órgano fiscalizador informó que, por primera vez, desarrolla investigaciones con la colaboración directa de informantes que han aportado elementos sobre posibles irregularidades en los procedimientos de contratación del sector electoral.

De acuerdo con la ASF, los elementos recabados permitieron identificar indicios de que beneficiarios finales de distintas empresas habrían participado tanto en la selección de proveedores como en la elaboración de requisitos técnicos para favorecer sus propios intereses.

Los informantes han entregado testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, conversaciones de WhatsApp y nombres o alias de personas presuntamente involucradas.

La colaboración se realiza mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, instrumentado conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Este mecanismo permite que personas que cuentan con información sobre posibles irregularidades administrativas colaboren con las autoridades y puedan acceder a una reducción de sanciones bajo los requisitos establecidos en la legislación.

La ASF señaló que los testimonios obtenidos provienen de personas que conocen la manera en que presuntamente operaron las irregularidades en las contrataciones públicas de organismos electorales.

Según el organismo, las investigaciones buscan establecer quiénes participaron en los procedimientos de adjudicación, cómo se definieron las condiciones para contratar a determinados proveedores y cuál fue el destino de los recursos públicos.

El anuncio representa una nueva etapa de las investigaciones que la ASF mantiene sobre contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), el extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

El 4 de noviembre, el organismo informó que revisaría las adquisiciones efectuadas entre 2000 y 2025 para identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas ilegales en el ejercicio de recursos públicos.

Como parte de esas indagatorias, la ASF identificó operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos concentradas en 2 grupos empresariales entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones correspondieron a contrataciones con organismos electorales locales.

Asimismo, el 5 de noviembre dio a conocer un análisis de relaciones entre 7 empresas y 83 personas, en el que documentó 89 vínculos corporativos. Entre las compañías examinadas se encuentran Corporativo ZEG, Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México.

Cabe señalar que Veracruz encabezó las contrataciones electorales adjudicadas a empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, con 570.4 millones de pesos entre 2014 y 2023, según informó la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez.

El monto representa el 27.2 por ciento de los 2 mil 94 millones de pesos identificados por el Gobierno federal en contratos otorgados por organismos electorales de 23 entidades del país durante ese periodo.