En almacenes de SEDESOL estatal y Protección Civil ofertaban venta de diversos artículos

El asesinato del alcalde de Ixhuatlán de Madero, Víctor Manuel Espinoza Tolentino y su esposa, en un camino de terracería ubicado a las afueras del municipio de Banderilla; así como el hallazgo de cuatro cadáveres el pasado 17 de noviembre en el camino que comunica a Plan de Sedeño y San Andrés Tlalnelhuayocan han destapado otra posible red de corrupción que opera desde la administración de Fidel Herrera Beltrán, siguió con la de Javier Duarte de Ochoa y dejó consecuencias en la de Miguel Ángel Yunes Linares, específicamente en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que actualmente encabeza Indira Rosales San Román.

A raíz de ambos hechos, el Gobierno del Estado dio a conocer que una banda delictiva dedicada a la venta de láminas robadas, despensas y cobijas podría ser la responsable de los asesinatos.

En un comunicado emitido por la administración panista se detalló que dicho grupo vende láminas, despensas y cobijas extraídas de bodegas oficiales en el Gobierno anterior, lo que fue confirmado por una fuente que entregó información a este medio acerca de la oferta que se hacía no sólo a servidores públicos, sino también entre organizaciones y asociaciones civiles.



Cuenta la fuente que no nada más se vendían láminas, despensas y cobijas; incluso kits de limpieza, zapatos, ropa y otros artículos, todos extraídos de dichas bodegas.

Se confió a este medio que en un principio los artículos eran entregados como donaciones a integrantes de asociaciones civiles, sin embargo, más tarde se convirtió en un vil acto de lucro de enseres, que no eran entregados a necesitados, sino que se vendían al mejor postor y al que aportara el dinero lo más pronto posible.

Incluso la entrega de los “apoyos” se hacía en bodegas oficiales posterior a la entrega de un vale, como es el caso de una perteneciente a la Secretaría de Protección Civil, localizada cerca del municipio de Banderilla; otra más en Las Trancas e incluso unas ubicadas en la Central de Abasto de esta capital.



Por esta última razón, la fuente consultada no consideró que las bodegas de las dependencias hayan sido robadas, como señala la fuente oficial, sino más bien estimó que en las pasadas administraciones había una pequeña, pero muy efectiva red de corrupción conformada por al menos unas diez personas que participaban en la “oferta”, negociación y entrega de los enseres y demás artículos, pero lo verdaderamente relevante es que habría participación de funcionarios de primer nivel inmiscuidos en el saqueo de los centros de resguardo del material.

Además de la SEDESOL estatal, también la Secretaría de Protección Civil pudo tener participación en la venta ilegal, pues toda la “mercancía” se entregaba en bodegas de esa dependencia, pero además, eran artículos de apoyo para familias damnificadas por desastres naturales.

A través de capturas de pantalla de las conversaciones, la fuente confirmó el ofrecimiento que se hacía del material. Como ejemplo, las láminas de zinc de diversas medidas eran vendidas entre 80 y 120 pesos.



Incluso hay un “catálogo” de productos, entre ellos despensas, láminas de diversos materiales, artículos de limpieza, productos de la canasta básica y más.

Se informó que los pagos se recibían en efectivo, pero también a través de depósitos bancarios a nombre de los vendedores.

El modus operandi sería tal como lo manifestó el Gobierno en su comunicado, es decir, los “compradores” actuaban de buena fe y se les pedía acudir a las bodegas a buscar la mercancía; sin embargo, a mediados de este año, la dinámica cambió porque se señalaba que el lugar para recoger el material se les informaría el mismo día de entrega.



En relación con lo señalado por el Gobierno estatal, cuando afirma que hay una investigación sobre las bodegas donde se depositaron láminas, despensas y cobijas robadas por funcionarios de la anterior administración que se ha venido desarrollando desde diciembre de 2016, se nos informó que estos hechos datan desde la administración de Herrera Beltrán.

Sin embargo, esta red de saqueo, dada a conocer por una fuente que pidió el anonimato, no justifica que estos empleados y funcionarios sean los autores de los asesinatos.