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Cultura Viva
Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

En Congreso de Veracruz, aliados de MORENA van contra delito de ultrajes

- PT presentó iniciativa para que ultrajes a la autoridad no sea delito grave

- En Jesús Carranza, se procedió contra petistas por defender su voto: Diputado Ramón Díaz

- 32 militantes enfrentan proceso, otros 16 tienen orden de aprehensión

Jos Topete Xalapa, Ver. 09/12/2021

alcalorpolitico.com


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El diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, presentó una iniciativa con proyecto de decreto con la que busca modificar el delito de ultrajes a la autoridad en el Código Penal del Estado, proponiendo que no se equipare a un delito grave.

El legislador petista, partido aliado a MORENA en las pasadas elecciones, reconoció los cuestionamientos de la oposición respecto a los excesos en la aplicación de dicho delito tras la reforma aprobada en marzo de este año por la LXV Legislatura.

En la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones, el legislador dijo que la iniciativa se analiza desde antes del 30 de julio, día en que se fincó responsabilidad a 32 militantes del Partido del Trabajo por el delito de ultrajes a la autoridad en el municipio de Jesús Carranza.



“(Además) 16 compañeros petistas tienen en estos momentos órdenes de aprehensión por ultrajes a la autoridad, por defender el Derecho que ellos consideraban en las urnas en junio de este mismo año”.

“El compañero Pasiano Rueda Canseco se encuentra en estos momentos preso por este delito, por defender su triunfo en Jesús Carranza. Legislar en bien de la sociedad es una responsabilidad moral de quienes hoy formamos parte de esta Soberanía”, señaló.

Explicó que actualmente el delito de ultrajes a la actualidad es desproporcionado, al equipararse a un delito grave, derivando en abusos de quienes están al servicio de la impartición de justicia y que sin menor recato violan garantías constitucionales fomentando la fabricación de delitos.



La iniciativa con proyecto de decreto deroga el párrafo segundo del artículo 331 del Código Penal para el Estado, que actualmente establece que se aplicará al responsable de este delito, de cinco a siete años de prisión.

De esta manera, el legislador propone que sólo se impongan de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones.



El delito sería aplicable bajo el supuesto de que se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos; se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima y que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención de estos grupos en la comisión del delito y que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

La iniciativa fue respaldada por el coordinador de los diputados del PAN, Othón Hernández Candanedo, quien señaló que en 12 Estados no existe este delito y en 4 se encuentra derogado, de ahí que la tendencia es desaparecerlo, pidiendo la adhesión de los legisladores a la propuesta.



Por su parte, la diputada de MC, Ruth Callejas Roldán, igualmente solicitó adherirse a la iniciativa de Díaz Ávila.