Para el próximo año, el Gobierno de Norma Rocío Nahle García propone la implementación de contribuciones ecológicas, dirigidas a reducir los impactos ambientales derivados de las actividades industriales y comerciales. Concretamente se pretende aplicar el impuesto a la contaminación del agua, con el propósito de proteger y conservar el patrimonio natural.
En la Iniciativa de Ley de Ingresos y en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 se incluye ese impuesto ecológico como una contribución específica que grave los impactos que se causen en el momento en que se depositen, desechen o descarguen sustancias contaminantes al agua en el territorio estatal.
La cuota impositiva será el equivalente a una UMA (113.14 pesos) por cada metro cúbico de agua afectado, con base en lo dispuesto en la NOM-001- SEMARNAT-2021.
Los impuestos ecológicos, se justifica, cumplen una doble función: por un lado, desincentivan prácticas contaminantes; por el otro, generan recursos que podrán destinarse a programas de mitigación, restauración y conservación ambiental.
Se hace referencia que desde 1987, en el informe de Nuestro Futuro Común de la Organización de las Naciones Unidas y en documentos posteriores sobre cambio climático y medio ambiente, se plantea con claridad que quien contamina, debe pagar: “El que contamina, paga”.
En caso de aceptarse la propuesta, Veracruz estará a la vanguardia en la implementación de medidas de actualización tributaria que permitan equilibrar el crecimiento económico con la equidad fiscal.
El estado de Veracruz, a nivel nacional, es una de las entidades con mayor biodiversidad del País, concentrada en sus selvas, bosques, costas y ríos, lo que constituye un patrimonio invaluable desde las culturas originarias que dieron raíz al Veracruz actual y que debe preservarse para las futuras generaciones.
Sin embargo, esta riqueza enfrenta crecientes amenazas derivadas de prácticas poco responsables ante su entorno que generan contaminación, degradación de ecosistemas y pérdida de la biodiversidad.
Así, ese gravamen de avanzada a nivel internacional en materia de mitigación, cuidado medioambiental y adaptación al cambio climático, lejos de desalentar la inversión, asegura que los beneficios del crecimiento se traduzcan en mayores recursos para infraestructura, servicios públicos y bienestar social.