En los tribunales, decenas de demandas laborales de empleados municipales

En la recta final del ejercicio constitucional de los actuales Ayuntamientos de Veracruz, se ha recomendado a los alcaldes no dejar ningún pendiente o juicio laboral a las nuevas autoridades que entrarán en funciones el 31 de diciembre de este año.

Al respecto, Miguel Ángel García Cruz, subdirector Jurídico del Congreso local, expuso que una de las situaciones recurrentes al término de las administración municipales son en materia laboral.

En ese sentido, expuso que en los tribunales laborales existen decenas de juicios de trabajadores municipales que demandan una indemnización por despido injustificado o la reinstalación en sus puestos de trabajo.

“Tengo entendido por información del Tribunal Estatal de Conciliación que hay muchos de los ayuntamientos que tiene problemas laborales heredados”.

Cruz García expresó que esta situación es recurrente cada cambio de administración lo cual perjudica a los de reciente ingreso.

Dijo que estos problemas regularmente son originados porque no se les dio la información adecuada a los ediles cuando está por finalizar el ejercicio constitucional, por lo que les pidió que ajusten su conducta a la Ley Estatal del Servicio Civil para poder dar de baja a un empleado.

“Creamos un problema grave que traerá prejuicio económico a la Hacienda Municipal, debemos tener cuidado con los trabajadores de base sindicalizados no podemos sacarlos así nada más”.

Y es que reconoció que existen laudos que no se han podido cumplir y va creciendo, dijo que cuando un trabajador demanda lo que sucede es que se condena al ayuntamiento a cubrir el pago.

En cuanto al proceso electoral de este año dijo que regularmente no ajustan sus actividades en forma plena y se contamina con los aspectos políticos electorales.

Por lo que les recordó a los presidentes municipales y a los representantes que no destinen ningún recurso, bien o servicio a favor de algún candidato a puesto de elección popular.

“Hay disposiciones en la ley de que no se pude destinar fondos, bienes, servicios, muebles de patrimonio municipal o condicionar los servicios públicos y los programas a participar en actividades políticas”.