En Veracruz, la posibilidad de activar mecanismos de revocación de mandato a nivel municipal permanece sin avances, mientras en Oaxaca un grupo de pobladores retuvo a una Alcaldesa dentro del Congreso local tras la discusión de un dictamen relacionado con su permanencia en el cargo.
La presidenta municipal de San Agustín Amatengo, Italivy Sarahí Juárez Ramírez, fue retenida este martes en el recinto legislativo oaxaqueño luego de que el pleno discutiera un dictamen sobre su revocación de mandato. El Gobierno estatal informó que la funcionaria fue recuperada mediante un operativo y que 24 personas fueron aseguradas.
De acuerdo con el Congreso local, el dictamen será devuelto a la Comisión Permanente de Gobierno y Asuntos Agrarios para su análisis. La determinación, indicó, tiene el propósito de revisar el debido proceso antes de emitir una resolución definitiva.
Reportes periodísticos señalaron que durante la sesión se sometió a votación la permanencia de la alcaldesa. Según lo publicado, 21 legisladores votaron en contra de la revocación y 8 a favor. El dictamen proponía que, en caso de proceder, la suplente asumiera el cargo. Tras la resolución legislativa, el Gabinete de Seguridad estatal informó que alrededor de 80 personas se manifestaron en el exterior del Congreso, bloquearon accesos al recinto y posteriormente se registró la retención de la Presidenta Municipal.
Se difundió que la alcaldesa fue retirada del Congreso y obligada a abordar una ambulancia. En un video se escucha: “Ya súbete,(...) sólo queremos la renuncia”.
En el mismo reporte se incluyeron señalamientos de manifestantes sobre el manejo de recursos municipales y exigencias de rendición de cuentas. “Que dé la cara al pueblo, para que explique”, expresó una mujer, de acuerdo con la publicación.
La LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca condenó las agresiones contra la diputada Concepción Rueda Gómez, contra la Presidenta Municipal y contra personal del Congreso. En un pronunciamiento público sostuvo que no se tolerarán conductas que afecten la seguridad de legisladores dentro del recinto parlamentario.
Medios locales reportaron que fueron aseguradas 24 personas, 11 hombres y 13 mujeres, quienes serían puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para determinar su situación jurídica.
Por su parte, el Gobierno estatal llamó a que los conflictos políticos y sociales se atiendan por vías institucionales. “La confrontación, la retención de personas o cualquier acto que vulnere derechos no contribuyen a la solución de los conflictos”, indicó en un comunicado difundido tras los hechos.
El caso ocurre en un contexto en el que distintas entidades enfrentan tensiones en torno a la permanencia de autoridades municipales. En Veracruz, en contraste, la discusión sobre la revocación de mandato para autoridades locales se encuentra aplazada y sin un procedimiento activo en el Congreso estatal, lo que mantiene el tema en el ámbito legislativo sin que se hayan activado mecanismos formales de evaluación ciudadana.