En penal de Jalacingo, maltrato a internos, abusos y cobros excesivos, denuncian

Familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) denuncian presuntos abusos de autoridad, deficiencias sanitarias, cobros excesivos y otras irregularidades dentro del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Jalacingo. Aseguran que la administración estaría permitiendo que algunos internos operen con amplias facultades dentro del penal.

De acuerdo con los señalamientos, uno de los principales problemas ocurre con las personas de nuevo ingreso, quienes permanecerían durante varios días en espacios reducidos y con una cantidad considerable de personas, en condiciones que incluyen malos olores y, según las denuncias, presuntos actos de maltrato físico.

“Cuando llegan como reos nuevos, los encierran en un cuartito de 2.5 x 2 metros y meten hasta 12 personas ahí, durante unos 12 días, en condiciones inhumanas, sólo caben parados y duermen parados”, reveló uno de los familiares.

Los señalamientos apuntan directamente al director del centro, Daniel Rojas, y al comandante David Contreras, a quienes se atribuyen presuntas conductas de maltrato hacia internos.

Otro de los señalamientos se relaciona con un supuesto trato preferencial del Director hacia algunos internos, ya que serían los encargados de distribuir sustancias ilícitas dentro del cereso.

En este sentido, señalaron a a los PPL Emanuel Tejeda y Aldo Castellanos, a quienes se acusa de realizar presuntamente venta de sustancias ilícitas dentro del centro y de tener una amplia capacidad de decisión sobre actividades al interior del penal.

Asimismo, se señala a los hermanos Mora, quienes presuntamente tendrían a su cargo la concesión del servicio de alquiler de llamadas telefónicas dentro del Cereso.

“Les cobrando 15 pesos por minuto, por recibir llamadas, no por llamar, por recibir. Con 5 minutos se gastan 75 pesos que muchos no tienen y entonces no pueden recibir la llamadas de la familia”.

Al referir que han pasado semanas en total incertidumbre porque no tienen comunicación con sus familiares detenidos, acusaron que las cuentas de los internos se incrementan en beneficio de quienes administran dicha actividad y de la propia dirección del centro.

A estos señalamientos se suma la falta recurrente de agua. Las familias expresaron que el abastecimiento depende de pipas y que el suministro resulta insuficiente para cubrir las necesidades de la población penitenciaria.

Por tanto, la falta de agua también estaría repercutiendo en las condiciones de higiene. De acuerdo con las denuncias, en ocasiones los baños permanecen en condiciones insalubres y despiden olores extremadamente desagradables, situación que, aseguran, podría generar riesgos sanitarios y malestares estomacales entre los internos.

En materia de atención médica, otro de los reclamos es la presunta falta de medicamentos. Ante esta situación, serían las propias familias de las personas privadas de la libertad quienes deben adquirir los fármacos y hacerlos llegar al centro penitenciario.

Las denuncias plantean cuestionamientos sobre la supervisión que realizan las autoridades responsables del sistema penitenciario y de los derechos de las personas privadas de la libertad, particularmente ante los señalamientos de presuntos abusos, condiciones insalubres y posibles actividades ilícitas dentro del Cereso de Jalacingo.

Ante este panorama, solicitaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Dirección General de Reinserción Social del Estado para revisar las condiciones en las que opera el centro, así como investigar los señalamientos y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.