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Sección: Estado de Veracruz

No tardaron

En Poder Judicial, comienzan a indagar si hubo desvío millonario; van por justicia digital

- Consejo de la Judicatura acuerda denunciar si hay irregularidades en manejo de recursos y en nombramientos

- Pleno avala impulsar juicios en línea y visita a los 21 Distritos Judiciales buscando resolver sus carencias

José Topete Xalapa, Ver. 26/10/2020

alcalorpolitico.com


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Este lunes el Consejo de la Judicatura acordó revisar el uso del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, luego de los señalamientos de desvíos por la falta de implementación de la justicia digital en Veracruz durante la pandemia de COVID-19.

Al respecto, la Magistrada Presidenta, Isabel Inés Romero Cruz, cumplió con uno de los primeros actos con los que se comprometió desde su nombramiento al frente del Tribunal Superior de Justicia, avalado por el pleno del Tribunal Superior de Justicia el viernes pasado.

En sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, se acordó instruir al Secretario Técnico del Fondo Auxiliar para que revisen los registros.

De advertirse algún indicio o evidencia del que se desprenda alguna irregularidad en la disposición de recursos económicos, sea por acción, omisión, simulación, disposición, incorrecta o inadecuada inversión o cualquier otra circunstancia que pudiera configurar una presunta afectación al patrimonio, se procederá conforme a la Ley.



Además, durante la sesión, se aprobaron dos comisiones especiales; una, para la implementación de los juicios en línea, situación que permitirá el combate al rezago en expedientes y dar el paso hacia la justicia digital, señalaron.

También se acordó visitar órganos jurisdiccionales en los 21 distritos judiciales, a fin de conocer y documentar las necesidades materiales y del personal para programar y presupuestar su atención de forma ordenada y prioritaria.

Por último, se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos para presentar las denuncias que procedan en contra de quien resulte responsable, por la expedición de nombramientos sin contar con la autorización del Consejo de la Judicatura, el posible desvío de recursos públicos y la probable afectación al patrimonio del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.