A más tardar el lunes de la próxima semana el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) interpondrá la denuncia de hechos por un daño patrimonial de 5 mil 518 millones 298 mil 451.93 pesos por la Cuenta Pública 2016, monto que no se podrá solventar en la segunda fase del proceso de fiscalización.
La denuncia se presentará en contra de quien o quienes resulten responsables de las Secretarías de Finanzas y Planeación; Turismo y Cultura; Seguridad Pública; de Gobierno; Educación; Desarrollo Agropecuario e Infraestructura y Obras Públicas; así como en el Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Instituto Veracruzano del Deporte; Instituto Veracruzano de Bioenergéticos, y Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario.
El auditor general del ente fiscalizador, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, manifestó que en estos momentos se están integrando los expedientes que serán presentados ante la Fiscalía General del Estado.
“Pretendemos finalizar esta semana lo más pronto posible y presentarlas, tal como lo mandató el Congreso del Estado”, dijo.
Asimismo, el auditor general aseguró que en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2016, el trabajo del ORFIS está sustentando, documentado y fundamentado, sin embargo, la ley faculta a la Comisión de Vigilancia del Congreso recibir documentación adicional de entes señalados con presunto daño patrimonial.
Portilla Vásquez señaló que la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Superior de Misantla y 22 ayuntamientos pudieron solventar las observaciones.
Destacó que los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia está facultada para recibir documentación adicional de los entres observados.
“Ellos tienen esa facultad, se las da la normatividad porque ellos revisan y dictaminan y tomaron esa decisión, recibieron los documentos, revisó su área técnica”, dijo.
Añadió que al aprobarse el dictamen del Informe de Resultados inició la fase de fincamiento de responsabilidades por lo que el departamento jurídico trabaja con los entes señalados para que presenten sus pruebas y alegatos en un plazo no mayor de 15 días.
Respecto a los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), respecto a un presunto daño del orden de los 12 mil millones de pesos se encuentra en la segunda fase que se refiere al fincamiento de responsabilidades, dijo que el ORFIS participó en la revisión que llevó a cabo la autoridad federal, sin embargo, será esa institución la que proceda conforme marca la ley.
“El ORFIS participó en dos auditorías coordinadas que fue la revisión de las participaciones federales y prácticamente fue la que tuvo las mayores observaciones con más de 7 mil millones, ahorita se les va a notificar a los entes fiscalizables por la ASF y tienen 30 días para solventar, posteriormente la ASF tienen 120 días para emitir ya la resolución definitiva, pero ya queda en la competencia de esa autoridad federal”.