En sexenio de Peña, Veracruz fue primero del País por periodistas asesinados: CIMAC

Veracruz se consolidó como el punto más crítico de violencia letal contra la prensa en México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Lejos de tratarse de hechos aislados, el escenario descrito por el informe de CIMAC evidencia un patrón sistemático donde convergen intereses del poder político, sectores empresariales y el crimen organizado, en un contexto marcado por la impunidad y la simulación institucional.

Entre el 1° de diciembre de 2012 y el 1° de septiembre de 2018, la entidad encabezó los registros nacionales de agresiones letales contra periodistas.



En ese periodo se documentaron al menos 21 asesinatos, cifra que colocó a Veracruz en el primer lugar del país en este tipo de violencia. Entre los casos más representativos se encuentra el homicidio de Ricardo Monlui Cabrera en 2017.

A la par, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) abrió 6 investigaciones relacionadas con violencia de género, en las que 6 mujeres periodistas fueron reconocidas como víctimas.

El informe detalla que el homicidio suele ser la fase final de una cadena de agresiones progresivas. Estas comienzan con actos de censura, intimidación y campañas de desprestigio, continúan con amenazas y agresiones físicas, y en muchos casos escalan hasta el asesinato o feminicidio. Este patrón refleja un entorno sistemático de hostigamiento contra quienes ejercen el periodismo, particularmente en temas sensibles como corrupción, desvío de recursos públicos y abuso de poder.



Frente a este contexto, periodistas veracruzanas recurrieron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Veracruz se ubicó como la segunda entidad con más solicitudes de protección admitidas, concentrando el 10.8 por ciento del total nacional. Hasta julio de 2018, al menos 12 mujeres periodistas contaban con medidas activas. Sin embargo, el propio informe advierte que estas acciones resultaron insuficientes, al ser principalmente reactivas y carecer de una perspectiva de género efectiva, especialmente en lo relativo a la protección del entorno familiar.

La mayor concentración de violencia se registró durante la administración de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), periodo en el que Veracruz fue señalado como una zona dominada por redes de corrupción y estructuras criminales.

Hacia el cierre del sexenio, el estado mantenía 2 declaratorias de Alerta de Violencia de Género, reflejo de una crisis estructural.



El documento también expone casos de violencia institucional y revictimización. Destaca el testimonio de una periodista que en 2015 denunció amenazas por parte de un funcionario público y enfrentó obstáculos por parte de la FEADLE, que intentó someterla a evaluaciones invasivas y posteriormente la responsabilizó por no colaborar. Este tipo de prácticas evidencian fallas profundas en los mecanismos de procuración de justicia.

Mientras el Gobierno federal reportaba avances en foros internacionales, en Veracruz persistía un clima de impunidad que obligaba a periodistas a desplazarse para resguardar su vida, sin garantías reales de protección.

De acuerdo con CIMAC, este panorama convierte al estado en el ejemplo más crudo de un periodo en el que las autoridades actuaron como un testigo pasivo ante la violencia contra la prensa.



Consulta el informe aquí:https://cimacnoticias.com.mx/wp-content/uploads/2019/9/HerenciaDeUnSexenioCIMAC.pdf