En Veracruz hay edificios públicos que operan sin escrituras, expone Elizabeth Morales

En Veracruz, desde hospitales hasta edificios de ayuntamientos y bancos del Bienestar operan en predios que carecen de documentación legal, lo que limita la aplicación de recursos públicos y mantiene en incertidumbre jurídica a numerosas instituciones y ciudadanos.

Durante una jornada de capacitación realizada en este municipio, la diputada local Elizabeth Morales García, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Fundo Legal del Congreso del Estado, advirtió que esta problemática se extiende a los 212 municipios de la entidad.

Explicó que muchos de estos inmuebles se encuentran asentados en terrenos del denominado fundo legal, es decir, tierras que dieron origen a los municipios, pero que con el paso del tiempo no fueron regularizadas jurídicamente.



“Tenemos casas habitación, pero también hospitales, edificios de ayuntamientos y bancos del Bienestar que no tienen escrituras, lo que representa un problema porque no se les pueden aplicar recursos públicos si no cuentan con certeza legal”, señaló.

Indicó que esta situación no sólo afecta a instituciones, sino también a familias que durante décadas han habitado predios sin documentos, lo que les impide vender, heredar o disponer legalmente de sus propiedades.

Ante ello, se puso en marcha un proceso de regularización que ya ha permitido la emisión de mil 300 escrituras, mientras que otras 500 se encuentran listas para su entrega. Además, se exhortó a los gobiernos municipales a identificar predios en esta condición y convocar a la población para iniciar los trámites correspondientes.



Morales García añadió que el Congreso del Estado trabaja para agilizar los procedimientos y reducir los tiempos de autorización, con la meta de avanzar en una primera etapa de regularización en todo el territorio veracruzano.

Finalmente, subrayó que en el sur del Estado ya se realizan capacitaciones con autoridades municipales para integrar expedientes y dar seguimiento a los casos, con el objetivo de otorgar certeza jurídica tanto a bienes públicos como a particulares.