En Veracruz nadie combatiría el lavado de dinero, advierten

A más de 2 años de su aprobación en el Congreso, en febrero de 2021, no existe evidencia del inicio de operaciones de la denominada Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) de Veracruz, diseñada para investigar y combatir el uso de recursos de procedencia ilícita.

Al publicar el informe “Evaluación de las acciones contra lavado de dinero en los estados”, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advirtió de la dificultad de localizar a la UIPE dentro del organigrama del Gobierno del Estado de Veracruz.

“Algunas UIPES existen sólo en el papel como en Aguascalientes. Otras son difíciles de rastrear porque tienen nombres alternativos, como Campeche, y otras no las pueden ubicar orgánicamente en sus áreas de transparencia a pesar de que existe evidencia de su creación como Chihuahua, Guerrero y Veracruz”, expuso el director del ONC, Francisco Rivas.



Sostuvo que es imposible determinar cuántas de las UIPES en el País se encuentran totalmente operativas y en el caso de Veracruz, señaló que hay un “desconocimiento absoluto” sobre dicha unidad adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

Cabe recordar que el 25 de febrero de 2021 el Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) que faculta al Gobierno del Estado investigar y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) y que podrá investigar a personas con incremento no justificado de beneficios económicos o bien, a partir de la información proporcionada por las dependencias tanto del Gobierno de Veracruz como del federal.

A más de 2 años de la aprobación de dicho mandato, el Observatorio advierte de la dificultad de analizar los resultados de la UIPE en Veracruz, dado que a decir de la Secretaría de Seguridad Pública, en agosto de 2022 no se había creado dicha entidad.



El análisis muestra que de la UIPE en Veracruz, si bien cuenta con un reglamento y este, con acciones sancionadas dentro de la Ley de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), su marco jurídico no había sido armonizado con el Código Penal Federal.

De este modo, el Observatorio reveló que la UIPE estatal reporta cero cursos o capacitaciones impartidos en cuanto a recursos de procedencia Ilícita o de otras legislaciones, además de cero pesos de aportaciones federales o estatales para su funcionamiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Al mismo tiempo, el ONC señaló al Gobierno de Veracruz de clasificar como “reservada” la información concerniente a la implementación y operación de la propia unidad local.



El estudio es público y puede consultarse aquí: https://onc.org.mx/rednacionaldeobservatorios/public/onc_site/uploads/reportes/UIPE-estudio.pdf