Encabeza Veracruz desapariciones de migrantes en México

Veracruz concentra el mayor número de personas migrantes desaparecidas registrado por el Gobierno federal, con 48 de los 277 casos reportados en el país, de acuerdo con el Informe sobre desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La cifra corresponde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado al 3 de junio de 2025. Después de Veracruz aparecen Sonora, con 25 casos; Chihuahua y Coahuila, con 19 cada uno; Tamaulipas y Chiapas, con 15; Durango, con 14, y Quintana Roo, con 13.

La propia CIDH advierte que el registro no refleja necesariamente la dimensión del problema. El organismo señala que ha recibido información sobre un “subregistro de migrantes desaparecidos” y expone diferencias entre las cifras oficiales y las documentadas por organizaciones civiles.



En el caso del sur del país, el informe identifica a Veracruz, Chiapas y Tabasco entre las entidades donde operarían grupos criminales involucrados en desapariciones de migrantes, algunos de carácter transnacional.

La información entregada a la Comisión señala además que los delitos contra migrantes “sugieren la tolerancia y hasta la participación, por acción u omisión”, de policías, militares o autoridades migratorias. El informe no atribuye esa conducta de manera específica a autoridades de Veracruz, sino que la plantea como parte de las dinámicas documentadas en el país.

Entre las formas de desaparición documentadas están los secuestros masivos durante traslados en autobús, privaciones de la libertad de grupos pequeños o personas individuales, extorsiones y retenciones en “casas de seguridad”. También se reportan casos de personas detenidas en estaciones migratorias o cárceles sin que sus familias sean notificadas.



De acuerdo con la información recopilada por la CIDH, estas privaciones de la libertad pueden estar relacionadas con reclutamiento para trabajo forzado, extorsiones a las familias o controles migratorios. El organismo señala que los Estados deben investigar posibles actos de participación, connivencia o aquiescencia de autoridades en desapariciones de migrantes vinculadas con la criminalidad organizada.

Las víctimas documentadas son principalmente hombres de entre 20 y 40 años provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque el informe señala un aumento de casos que involucran a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas procedentes de otros países de América, África y Asia.

Para atender estos casos, el Estado reportó la operación del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, el Grupo de Trabajo Interinstitucional y la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas. Sin embargo, la CIDH recibió información sobre resultados limitados: una organización reportó que, de 124 desapariciones atendidas entre 2006 y 2018, sólo se había logrado identificar a 20 personas.